El último movimiento de José Luis Ábalos, ahora investigado por el Tribunal Supremo en el llamado “caso Koldo”, ha hecho temblar otra vez los pasillos políticos. Su escrito al Congreso denunciando supuestos amaños de contratos y cobro irregular de dietas en el Puerto de Valencia, y exigiendo explicaciones al Ministerio de Óscar Puente, ha sido como encender una cerilla en una habitación llena de gas. Y es que en este país ya nadie espera silencios elegantes: aquí se responde con un portazo.
No deja de sorprender la facilidad con la que el Gobierno parece mover las piezas cuando una sentencia no le encaja. Que Pedro Sánchez dé por hecho que hay “aspectos controvertidos” en la resolución contra el fiscal general y que, por tanto, “tendrán que dirimirse en instancias superiores”, suena menos a análisis jurídico y más a aviso de que la maquinaria ya está en marcha.
El Gobierno ha declarado sentirse en “indefensión” después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general. Hombre, lo que faltaba: ahora resulta que los desamparados son ellos. Hay que tener una cara tremenda para presentarse así ante la opinión pública, como si fueran víctimas de una maquinaria injusta.
Hay momentos en los que un partido debe mirarse al espejo y reconocer que la energía que lo empuja hacia delante ya no es la misma que la que lo mantiene anclado. El PP lleva tiempo atrapado en esa contradicción, tratando de proyectar renovación mientras deja las riendas en manos de un liderazgo que, guste o no, no termina de conectar con el pulso ciudadano. Feijóo es un político solvente, sí, pero a veces la solvencia no basta cuando el país pide algo distinto.
La condena por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la filtración sobre el novio de Ayuso no puede sorprender a nadie que se fije bien en su actitud. Le han inhabilitado dos años, le han puesto una multa de 7.200 euros, y debe indemnizar con 10.000 euros al perjudicado.
