No deja de sorprender cómo, en pleno siglo XXI, seguimos descubriendo rincones del poder donde la transparencia parece un lujo opcional. La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a encender este debate. No solo por la inhabilitación de dos años por un delito de revelación de secretos, sino por el contundente aval de los magistrados al trabajo de la UCO durante el registro en la propia Fiscalía. La frase que han dejado para la hemeroteca —“el Estado carece de intimidad”— pesa más que cualquier argumento jurídico.
