El Defensor del Pueblo ha avanzado sus primeras conclusiones sobre lo sucedido en el perímetro fronterizo de Melilla el pasado 24 de junio. Tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la institución concluye que se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales. El Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla).