Hay días en los que uno siente que la política nacional se ha convertido en un espectáculo más cercano a una serie de mafiosos que a un proyecto de país. Cuando desde lo más alto del poder se normaliza el regateo peligroso, el cálculo personal y el desprecio por las normas básicas del juego democrático, el olor a descomposición se vuelve difícil de ignorar.
El reciente fallo judicial en Algeciras ha dejado a muchos con la sensación de que el mundo está patas arriba. El asesino del sacristán, un hombre que cometió un crimen a sangre fría en plena iglesia, no irá a prisión. En su lugar, será internado en un centro psiquiátrico bajo la premisa de que su mente no estaba en su sitio al cometer el acto. Tremendo, ¿verdad? Para quienes esperábamos ver justicia de manera clara, esto resulta casi incomprensible.
La noticia de que la Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE información sobre pagos en metálico entre 2017 y 2024 ha caído como un jarro de agua fría en un ambiente político ya enrarecido. No es poca cosa que un tribunal tan relevante quiera poner orden y pedir papeles: el gesto, por sí solo, revela inquietud institucional y alimenta la impresión de que algo no se está gestionando con toda la claridad debida.
La decisión del Tribunal Supremo de enviar a José Luis Ábalos y a Koldo García a prisión preventiva por riesgo “extremo” de fuga ha encendido aún más el debate político. No hace falta ser jurista para entender que un movimiento así no se toma a la ligera. Y, sin embargo, aquí seguimos, como si la gravedad del asunto no afectara a la estabilidad del propio Gobierno.
La dimisión de García Ortiz ha caído como un jarro de agua fría para muchos, incluida Yolanda Díaz, que lo ha descrito como “un hombre bueno”. Hasta ahí, nada que objetar: cada quien es libre de valorar el trabajo de un fiscal general. Lo polémico llega cuando la vicepresidenta segunda llama a movilizarse en las calles por su condena, presentándola como una ofensiva reaccionaria contra la democracia.
