Protestas y justicia

La dimisión de García Ortiz ha caído como un jarro de agua fría para muchos, incluida Yolanda Díaz, que lo ha descrito como “un hombre bueno”. Hasta ahí, nada que objetar: cada quien es libre de valorar el trabajo de un fiscal general. Lo polémico llega cuando la vicepresidenta segunda llama a movilizarse en las calles por su condena, presentándola como una ofensiva reaccionaria contra la democracia.

Y aquí es donde la cosa se complica. Pedir manifestarse contra una decisión del Tribunal Supremo es, como mínimo, delicado. El Supremo no es un grupo de tertulianos ni una mesa política; es una de las instituciones que sostienen el equilibrio democrático y el cumplimiento de la ley. Que un miembro del Gobierno inste a presionar a un órgano judicial, aunque sea simbólicamente, suena a choque entre poderes que convendría manejar con mucha más prudencia.

El enfado político es comprensible; la tensión entre Ejecutivo y Justicia no es nueva. Pero convertir cada resolución judicial que disgusta al Gobierno en una supuesta conspiración reaccionaria termina por erosionar la confianza en las reglas del juego. Y sin reglas claras y respetadas, todos, desde la derecha hasta la izquierda, salimos perdiendo.

También sería deseable bajar un poco el volumen. Ni los jueces son infalibles ni los políticos están libres de crítica, pero alimentar la idea de que la Justicia actúa como un bloque político enemigo no ayuda en absoluto. La discrepancia se debate, se apela y se argumenta, no se combate en la calle contra quienes están precisamente para aplicar la ley.

Una cosa es defender posiciones políticas y otra, muy distinta, señalar a las instituciones cuando no nos dan la razón. La democracia se protege respetando sus contrapesos, incluso cuando resultan incómodos. Y a nuestros representantes, especialmente a los más altos, se les debería exigir justamente eso: más cabeza fría y menos gasolina.