Redacción

Cuando me pronuncié sobre la situación que estamos viviendo en el PSOE de Ceuta, no conocía la noticia de la decisión ya expresada y adoptada por la Comisión Gestora, de solicitar la expulsión del diputado y la diputada socialista que votaron en sentido favorable, en contra del criterio marcado, a la modificación de crédito propuesta por el Gobierno del Partido Popular.

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Empiezo recordando que el Partido Socialista Obrero Español, no es sino un instrumento para ser usado en favor del cambio social hacia un reparto de las riquezas más justo, hacia la igualdad de oportunidades, por la equidad de género y contra cualquier tipo de discriminación.

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¿No aprendemos a soportar el sufrimiento, las heridas, los traumas, las frustraciones psicológicas, biológicas, morales, materiales, afectivas, y, de otros tipos…?

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La sociedad española ha experimentado muchos avances en las últimas décadas en lo referente al respeto a la diversidad sexual y familiar como uno de los valores positivos de una sociedad democrática.

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans, y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, han supuesto un importante progreso hacia la igualdad, la justicia social y la protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+, impulsando a nuestro país a la avanzadilla de los países respetuosos con las personas LGTBI+, en la cuarta posición del ranking de 2023 de la organización ILGA-Europe. España consolida así su liderazgo en las políticas de diversidad sexual y familiar iniciado con la aprobación del matrimonio igualitario el 30 de junio de 2005 y su entrada en vigor el 3 de julio de ese mismo año, y con la aprobación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas, así como con el desarrollo de las sucesivas leyes de derechos LGTBI o específicas de los derechos de las personas trans aprobadas desde 2014 en 15 Comunidades Autónomas.

La Ley 4/2023 promulga un marco que obliga a los poderes públicos a poner en marcha las medidas necesarias para acabar con la discriminación histórica y sistémica hacia las personas trans, y a definir las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGTBI+. La ley establece, así mismo, el mecanismo para el cambio de la mención registral del sexo acorde a los estándares internacionales basados en la autodeterminación y la despatologización.

Cabe destacar también como hitos de la Ley 4/2023 la adopción de medidas a favor de los derechos de las personas intersexuales, y la prohibición, en todo el Estado Español, de las conocidas como terapias de conversión, que no son sino torturas promovidas por prejuicios ideológicos contra las personas LGTBI+.

Según la macroencuesta realizada en 2019 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el 43% de las personas LGTBI en España consideran que su Gobierno combate eficazmente los prejuicios e intolerancia hacia las personas LGTBI, porcentaje mayor que para la EU-28, que es del 33%. Además, la encuesta muestra que España es el país en el que más personas LGTBI, el 60%, responden que siempre o a menudo ha habido un compañero o compañera de trabajo que les ha apoyado, defendido o protegido, y la mitad de las personas adolescentes LGTBI de 15 a 17 años, considera que en la escuela alguien siempre los defendió o los apoyó. Asimismo, según el Eurobarómetro Especial 535 de 2023 sobre discriminación en la UE, el 80% de la población española se sentiría totalmente cómoda teniendo a una persona trans o intersexual en el cargo político electo más elevado, frente al 58% de la media en la UE.

Estos datos reflejan la alta aceptación de la diversidad sexual por parte de la sociedad española y su compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+. Sin embargo, asistimos en paralelo a un auge de discursos y de retórica anti-LGTBI+, sobre los que alertan tanto las organizaciones de la sociedad civil como las instituciones europeas, y que comprometen seriamente el bienestar, la seguridad y la no discriminación de las personas LGTBI+, y en particular de las personas trans. Así, todavía el 48% de las personas LGTBI+ en España, según datos de la FRA, evitan ir de la mano con sus parejas en público (seis de cada 10 en la Unión Europea) y el 23% nunca hace visible su orientación sexual o su identidad sexual (el 30% en la UE) por miedo a sufrir violencia y el 21 % se sintió discriminado en el trabajo.

El Informe sobre delitos de odio, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, y que anualmente presenta el Ministerio del Interior, alerta año tras año sobre el elevado índice de delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad sexual, reales o percibidas, de las víctimas, siendo este motivo, en la actualidad, el segundo más representado en las estadísticas de delitos de odio en nuestro país, alcanzando la cuarta parte de todos los que se denuncian.

El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, en todo el estado, como fuera de nuestras fronteras. Este compromiso se ha visto materializado con la reciente elaboración y aprobación de normas que facilitan herramientas para su logro. Además de las dos leyes mencionadas, cabe destacar, por su particular relevancia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional y la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que incluye entre los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas LGTBI, y en particular a las personas trans.

Estos avances normativos han ido en paralelo con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la información y a la atención integral a las víctimas de la violencia y la discriminación. En este sentido cabe destacar la puesta en marcha del servicio LGTBI 028 de información y atención   integral

 

en materia de derechos LGTBI+ y delitos de odio por LGTBIfobia que se presta en todo el territorio de manera gratuita y accesible, las 24 horas, los 365 días del año, en coordinación con los servicios similares existentes que se prestan desde las comunidades autónomas.

Asimismo, el Gobierno está en proceso de finalización del diseño y la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+ y de una Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans. Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene abierta una Mesa de Diálogo Social con los agentes sociales a fin de desarrollar reglamentariamente el artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que establece la obligación de las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras de contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, incluyendo un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI+, que serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras.

El Gobierno de España parte del convencimiento de que los poderes públicos deben implementar políticas decididas que, desde el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, promuevan la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ y la lucha contra toda forma de discriminación. Es necesario concienciar al conjunto de la ciudadanía y poner en valor la diversidad sexual y familiar, desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes, saludables y resilientes.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España están alineadas con las prioridades establecidas a nivel europeo y permiten avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025". Durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, el segundo semestre de 2023, se impulsó la firma en Madrid de la Declaración “Avanzando los derechos LGBTIQ en Europa”, rubricada por 16 estados miembro de la Unión Europea, y que supone un ambicioso llamamiento tanto a los estados como la Comisión Europea a continuar el progreso en la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI+ en todos los ámbitos de la vida y en todas las políticas, como la política de migración y asilo, sanitaria, educativa o laboral, entre otras, y teniendo también en cuenta la discriminación interseccional; el avance en la recogida de datos estadísticos; la adopción de protocolos y medidas para la prevención y abordaje frente al acoso por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, con especial atención al acoso y violencia contra las niñas, niños y adolescentes LGTBI+; la dotación económica de las medidas en favor de la diversidad en el empleo; o la intensificación de la lucha contra los delitos de odio, así como de la atención a las víctimas de los mismos. En ese sentido, el Gobierno de España reafirma su compromiso por mantener esa lucha y avanzar en el desarrollo de políticas públicas de defensa de los derechos de las personas LGTBI+ y prevención de las violencias, incluyendo medidas dirigidas a infancia y adolescencia, en firme colaboración con las comunidades autónomas.

El Gobierno de España reafirma su fuerte compromiso con los derechos de las personas LGTBI+ y contra la discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales sin olvidar la vulneración de derechos que tiene lugar en un gran número de países del mundo, en algunos de los cuales se mantienen legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte. Por eso, entre las prioridades de nuestra  acción exterior y cooperación internacional, se encuentra el apoyo a los derechos de las personas LGTBI+.

En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en diferentes foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos (apoyo al mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad sexual); la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas; el LGBTI Core Group de Naciones Unidas (red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGBTI en el marco de Naciones Unidas); la Coalición por la Igualdad de Derechos (España es miembro fundador de esta organización intergubernamental creada para fomentar la cooperación multilateral y el intercambio de información y buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGBTI+); el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad; o la Red Europea de Puntos Focales LGBTI en el marco del Consejo de Europa. España se ha incorporado al Fondo Mundial para la Igualdad, una asociación público- privada que apoya los programas de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGTBI+ en todo el mundo. Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGBTI+ se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países, así como en los Exámenes Periódicos Universales a los que se someten todos los Estados miembros de Naciones Unidas, en las que España realiza preguntas y formula recomendaciones a aquellos países en los que las personas LGTBI+ son objeto de persecución.

El Gobierno de España muestra este año, una vez más, su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, tanto a nivel nacional como internacional y se compromete a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de las discriminaciones, ataques y actos de violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas LGTBI+.

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