Kissy Chandiramani y el diputado no adscrito Mohamed Navil Rahal deberán declarar como investigados el 22 de septiembre por la adjudicación de los servicios de la Fiesta del Cordero.
Kissy Chandiramani y el diputado no adscrito Mohamed Navil Rahal deberán declarar como investigados el 22 de septiembre por la adjudicación de los servicios de la Fiesta del Cordero.
La información ha sido publicada inicialmente por prensa nacional y ya ha sido recogida por otros medios, situando el foco judicial sobre un contrato de la Ciudad Autónoma que vuelve a generar controversia en torno a la gestión del Gobierno de Juan Vivas.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha citado como investigados a la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, y al diputado no adscrito de la Asamblea Mohamed Navil Rahal, en relación con la adjudicación de un contrato para la instalación y gestión de los mataderos provisionales de la Fiesta del Cordero.
La investigación parte de una denuncia presentada por Abogados Cristianos y afecta a un contrato cuyo importe asciende a 2,3 millones de euros durante cuatro años, con posibilidad de alcanzar una cifra cercana a los tres millones si se ejecuta la prórroga prevista. La empresa adjudicataria, Herederos de M. Jimena SL, está administrada por la esposa de Rahal, Ana Belén Sánchez González, que también ha sido citada por el juzgado, en su caso como testigo.
Las declaraciones judiciales están fijadas para el 22 de septiembre, en una causa que coloca bajo escrutinio una contratación pública especialmente sensible por la relación entre la empresa adjudicataria y el entorno familiar de un diputado cuyo respaldo fue relevante para la aprobación de los presupuestos de la Ciudad.
Un contrato bajo la lupa judicial
El procedimiento se centra en la contratación de las instalaciones temporales destinadas al sacrificio de ganado durante la celebración de la Fiesta del Cordero.
A la licitación concurrieron tres empresas. La propuesta económicamente más baja fue excluida al ser considerada anormalmente baja, mientras que la oferta finalmente seleccionada se impuso a la segunda por una diferencia de apenas 1.161 euros. El nuevo contrato supone además un incremento del coste del servicio respecto al periodo anterior.
La denuncia sostiene que existen elementos que deben ser examinados judicialmente en torno al procedimiento de adjudicación, incluida la existencia de un recurso especial en materia de contratación que, según la acusación, se encontraba pendiente cuando se formalizó el contrato.
La investigación deberá determinar ahora si existieron irregularidades con relevancia penal. La citación como investigados no implica una condena ni determina responsabilidad alguna, y será durante la instrucción cuando se esclarezcan las circunstancias de la contratación.
El contexto político aumenta la controversia
La dimensión política del caso adquiere especial relevancia por la posición que ocupa Rahal en la Asamblea de Ceuta.
El diputado no adscrito respaldó los presupuestos del Gobierno de Juan Vivas, un apoyo que resultó determinante para sacar adelante las cuentas de la Ciudad. La adjudicación del contrato a una sociedad administrada por su esposa ha convertido esa relación política en uno de los elementos centrales de las sospechas planteadas por la denuncia.
La propia cronología de los acontecimientos figura entre los aspectos que han despertado interrogantes. Según la información difundida por prensa nacional, Rahal confirmó su apoyo a los presupuestos el 11 de noviembre del pasado año, mientras que al día siguiente su esposa pasó a figurar como administradora única de la sociedad posteriormente adjudicataria.
El caso deberá determinar si existe alguna conexión jurídicamente relevante entre ambos hechos o si se trata de circunstancias independientes.
La investigación alcanza también a la consejera de Hacienda
La citación de Kissy Chandiramani introduce al Gobierno de Vivas directamente en el procedimiento judicial.
La consejera es la responsable del área de Hacienda y, por tanto, una figura clave en los procesos de contratación de la Administración autonómica. Su comparecencia como investigada permitirá al juzgado conocer de primera mano las decisiones adoptadas durante la tramitación del expediente y las razones que llevaron a la adjudicación.
La investigación no prejuzga su actuación ni supone que se haya acreditado la comisión de ningún delito.
Precisamente por encontrarse el procedimiento en fase de instrucción, serán las diligencias judiciales las que deberán determinar si las decisiones adoptadas durante la contratación se ajustaron a la legalidad.
Una causa que llega en plena crisis para Ceuta
La apertura de esta investigación se produce, además, en un momento especialmente delicado para la Ciudad Autónoma, inmersa en una crisis migratoria y en un intenso debate político sobre la respuesta de las administraciones.
La situación añade presión sobre un Ejecutivo local que durante las últimas semanas ha tenido que gestionar una emergencia de enorme impacto social mientras mantiene abiertos varios frentes políticos.
Ahora, el Gobierno de Vivas deberá afrontar también las consecuencias políticas y reputacionales derivadas de una investigación que afecta a una de sus principales consejeras.
Desde el punto de vista judicial, sin embargo, el asunto acaba de comenzar. La declaración de Chandiramani, Rahal y de la administradora de la empresa adjudicataria permitirá al juzgado avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar si las sospechas planteadas en la denuncia encuentran respaldo en las pruebas.
Por el momento, no existe una resolución judicial que determine responsabilidades. La causa entra ahora en una fase en la que las declaraciones y la documentación del expediente de contratación tendrán un papel fundamental para esclarecer qué ocurrió realmente con un contrato de 2,3 millones de euros que ya ha trascendido el ámbito político local y ha saltado a la prensa nacional.
