La Fiscalía General del Estado ha aprobado la incorporación de tres fiscales para reforzar el área de Ceuta ante la crisis migratoria tras la entrada masiva de personas el pasado 31 de julio, una medida que inicialmente se prolongará hasta el 31 de diciembre.
Los órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 procedimientos por delitos de agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, coincidiendo con el periodo de la crisis migratoria iniciado a finales de julio, según un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del que ha tomado conocimiento este martes la Comisión Permanente.
El macrocampamento de acogida de emergencia habilitado para albergar hasta a 1.700 personas ha comenzado a operar en pleno litigio judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado admitir a trámite el recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), abriendo formalmente la vía para revisar la legalidad del expediente administrativo que permitió su levantamiento en la zona de ampliación del Muelle de Poniente.
La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago Ruiz, ha advertido de que Ceuta está viviendo una situación "difícil, compleja, insoportable" y ha asegurado que es necesario una decisión "rápida, urgente del Gobierno, de organismos internacionales y de acuerdos internacionales".
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa abierta tras la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta el pasado mes de julio, ha citado a declarar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz.
