Hay una pregunta que Ceuta debería hacerse estos días: ¿quién protege a quienes tienen la responsabilidad de protegernos? Porque mientras las instituciones hablan de normalidad, los policías y guardias civiles que están sobre el terreno describen una realidad muy distinta: falta de efectivos, alojamientos deficientes, medios insuficientes y una presión creciente en las calles.
Hay una pregunta que Ceuta debería hacerse estos días: ¿quién protege a quienes tienen la responsabilidad de protegernos? Porque mientras las instituciones hablan de normalidad, los policías y guardias civiles que están sobre el terreno describen una realidad muy distinta: falta de efectivos, alojamientos deficientes, medios insuficientes y una presión creciente en las calles.
No se puede exigir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hagan frente a una situación extraordinaria con recursos ordinarios. Mucho menos cuando la ciudad ha soportado una llegada masiva de personas y cuando miles de ellas continúan en sus calles. La seguridad no puede gestionarse con improvisación, ni puede pretenderse que unos agentes exhaustos solucionen con sacrificio personal lo que corresponde resolver a las administraciones.
Las denuncias de Jupol y UFP sobre las condiciones de los policías desplazados resultan especialmente preocupantes. Que un agente tenga que trabajar durante días sin unas condiciones dignas de descanso, con problemas de alojamiento o con instalaciones claramente insuficientes, no es una cuestión menor. Cuidar al policía no es un privilegio: es una obligación del Estado. Y garantizar que disponga de medios adecuados tampoco es una concesión sindical, sino una condición indispensable para que pueda proteger eficazmente al ciudadano.
Tampoco debería ignorarse la advertencia sobre el incremento de la tensión en las calles. No hace falta esperar a que ocurra una tragedia para actuar. La prevención consiste precisamente en anticiparse. Si los propios agentes advierten de que la situación puede deteriorarse y reclaman más presencia policial, lo sensato es escucharles antes de que sea demasiado tarde. La ciudadanía necesita volver a sentir que hay una respuesta firme y organizada ante cualquier altercado.
Ceuta no puede acostumbrarse a vivir en una excepcionalidad permanente. Y los policías tampoco pueden convertirse en la última barrera de un sistema que falla por arriba. No se les puede pedir que sean frontera, mediadores, garantes de la convivencia y respuesta de emergencia al mismo tiempo, mientras se les escatiman efectivos y recursos.
Por eso, las reivindicaciones de los sindicatos policiales merecen ser atendidas. Más agentes, mejores condiciones, seguridad jurídica, protocolos claros y medios suficientes. No para endurecer la respuesta contra nadie, sino para garantizar que quienes tienen encomendada la defensa de la seguridad puedan hacerlo con todas las garantías.
Cuando un policía pide ayuda para poder hacer su trabajo, no está pidiendo un favor. Está pidiendo que el Estado cumpla con su obligación. Y Ceuta no puede permitirse que quienes están en primera línea se sientan abandonados precisamente por aquellos que deberían respaldarlos.
