No deja de sorprender la facilidad con la que el Gobierno parece mover las piezas cuando una sentencia no le encaja. Que Pedro Sánchez dé por hecho que hay “aspectos controvertidos” en la resolución contra el fiscal general y que, por tanto, “tendrán que dirimirse en instancias superiores”, suena menos a análisis jurídico y más a aviso de que la maquinaria ya está en marcha.
No deja de sorprender la facilidad con la que el Gobierno parece mover las piezas cuando una sentencia no le encaja. Que Pedro Sánchez dé por hecho que hay “aspectos controvertidos” en la resolución contra el fiscal general y que, por tanto, “tendrán que dirimirse en instancias superiores”, suena menos a análisis jurídico y más a aviso de que la maquinaria ya está en marcha.
Porque una cosa es respetar el derecho a recurrir, y otra muy distinta es anticipar públicamente que alguien —curiosamente, un órgano controlado por el propio Ejecutivo— terminará corrigiendo lo que no conviene políticamente. Cuando el presidente abre la puerta de esa manera, lo que se escucha no es transparencia, sino un eco de intervención calculada.
El nombre de Conde-Pumpido aparece en el centro de todas las miradas, no por casualidad, sino porque es él quien, llegado el momento, tendrá la última palabra. Y claro, la sensación generalizada es que el camino se está allanando para que llegue a la meta sin tropiezos. Es difícil pedir confianza ciudadana cuando los movimientos parecen tan previsibles.
Muchos españoles sienten que esta dinámica es ya una costumbre demasiado peligrosa: gobernar como si las instituciones fueran extensiones del poder político. Aunque nadie niega que la justicia tiene recursos y procedimientos, lo que preocupa es que el Ejecutivo actúe como si supiera —o decidiera— de antemano el resultado.
Quizá el país no necesite grandes discursos, sino un simple recordatorio: las instituciones solo funcionan cuando quienes las dirigen aceptan perder de vez en cuando. Y últimamente, parece que este Gobierno está poco dispuesto a ello.