La condena por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la filtración sobre el novio de Ayuso no puede sorprender a nadie que se fije bien en su actitud. Le han inhabilitado dos años, le han puesto una multa de 7.200 euros, y debe indemnizar con 10.000 euros al perjudicado.
La condena por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la filtración sobre el novio de Ayuso no puede sorprender a nadie que se fije bien en su actitud. Le han inhabilitado dos años, le han puesto una multa de 7.200 euros, y debe indemnizar con 10.000 euros al perjudicado.
Pero, sinceramente, ya desde hace tiempo se le veía venir: hay personas que parecen cargar con sus defectos grabados a fuego en el rostro, y, desde luego, él es una de ellas.
El trasfondo es grave: filtró un correo sensible procedente del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se admitían delitos fiscales.
Esa revelación no fue un despiste, fue una jugada consciente. Es mucho más que un desliz; algo así solo pasa cuando crees tener poder para moldear la versión pública de un relato determinante, y eso hace que lo que hay tras sus gestos no sea inocente.
Lo más inquietante es qué revela esta condena a nivel institucional. No hablamos solo de un descontrol individual, sino de una fractura en la propia Fiscalía. Si quien debería proteger la confidencialidad traiciona esa responsabilidad, ¿qué mensaje se manda al ciudadano sobre el papel real del ministerio público? Más aún: que su inhabilitación sea histórica —primer fiscal general condenado por estos hechos— deja claro que no puede haber impunidad, ni en el cuello de la Fiscalía ni en el del poder.
Quizá algunos defiendan que ya se sabía que este hombre no sería neutral, que su mirada y su sonrisa escondían algo más profundo. Pero no basta con presentir: un veredicto como el del Supremo demuestra que las sospechas no eran imaginaciones paranoicas, sino advertencias reales. Que nos hayamos tardado en verla no la hace menos evidente.
Al final, esto es menos un triunfo de la justicia que una confirmación de prejuicios que muchos teníamos. El fiscal general paga por su actuación, pero su condena también es una llamada de atención para todos: la justicia se debe ejercer, sí, con poder, pero también con responsabilidad y discreción. Y ante figuras tan poderosas, conviene no fiarse solo de la cara bonita.