Que el Tribunal de Cuentas haya tenido que advertir, negro sobre blanco, que el interventor general de la Ciudad de Ceuta lleva más de dos décadas en situación de “accidentalidad” no es solo una anécdota administrativa: es el reflejo perfecto de una dejadez institucional escandalosa. Un funcionario que, sin ser titular de la plaza, ha ejercido durante más de veinte años con un sueldo específico que, casualmente, hace que no interese a nadie más presentarse a ese puesto si se sacara a concurso. Es el ejemplo de cómo una anomalía se convierte en costumbre cuando nadie tiene interés en cambiar las reglas del juego.

