En Ceuta circula desde hace tiempo un dicho popular que, entre risas y resignación, resume una sospecha latente: “Cuando se trata de políticos, la justicia se queda en el Estrecho”. Una frase que suena a chiste pero que encierra una desconfianza preocupante. Y claro, con cada nueva jornada jurídica organizada en la ciudad, muchos se preguntan si estas citas con toga y protocolo son simples escaparates para maquillar una realidad que poco cambia.
Ceuta amanece de nuevo con una tragedia flotando en sus aguas. Un joven migrante ha aparecido muerto cerca de la bocana del puerto. Es el undécimo cadáver hallado en la costa en lo que llevamos de 2025. Y aunque la cifra estremece, lo más inquietante es que empezamos a asumirlo como parte de una rutina, como si fuera normal que el mar devuelva cuerpos con esa frialdad que ya no nos inmuta tanto como debería.
Otra vez el CSIF ha tenido que plantarse frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta para alzar la voz. ¿El motivo? Las promesas incumplidas de la ministra de Sanidad, que ya parecen formar parte del paisaje político cuando se trata de nuestra ciudad. La concentración no fue un arrebato, sino una llamada de atención por parte de quienes, día tras día, sostienen nuestro sistema sanitario con recursos escasos y muchas veces con la moral por los suelos.
La llegada de Ángel Lara al frente de CCOO en Ceuta marca un cambio generacional que viene acompañado de un reto de enorme calado: lograr que el plus de residencia, ese complemento salarial vital en una ciudad con sobrecostes evidentes, se extienda al sector privado. La propuesta no es nueva, pero sí lo es el ímpetu con el que parece que se quiere abordar. Y es que durante años se ha asumido como una desigualdad estructural el hecho de que solo los empleados públicos cuenten con ese respaldo, mientras que miles de trabajadores del sector privado sobreviven con sueldos que, a menudo, no alcanzan para cubrir el alto coste de la vida en la ciudad.
La modificación de crédito presentada por el Gobierno de Ceuta no es solo una operación contable más. Detrás de esos 37 millones de euros que se quieren mover hay una declaración de intenciones clara: aliviar tensiones, modernizar servicios y poner el foco en lo que de verdad importa.
