Que el Tribunal de Cuentas haya tenido que advertir, negro sobre blanco, que el interventor general de la Ciudad de Ceuta lleva más de dos décadas en situación de “accidentalidad” no es solo una anécdota administrativa: es el reflejo perfecto de una dejadez institucional escandalosa. Un funcionario que, sin ser titular de la plaza, ha ejercido durante más de veinte años con un sueldo específico que, casualmente, hace que no interese a nadie más presentarse a ese puesto si se sacara a concurso. Es el ejemplo de cómo una anomalía se convierte en costumbre cuando nadie tiene interés en cambiar las reglas del juego.
Que el Tribunal de Cuentas haya tenido que advertir, negro sobre blanco, que el interventor general de la Ciudad de Ceuta lleva más de dos décadas en situación de “accidentalidad” no es solo una anécdota administrativa: es el reflejo perfecto de una dejadez institucional escandalosa. Un funcionario que, sin ser titular de la plaza, ha ejercido durante más de veinte años con un sueldo específico que, casualmente, hace que no interese a nadie más presentarse a ese puesto si se sacara a concurso. Es el ejemplo de cómo una anomalía se convierte en costumbre cuando nadie tiene interés en cambiar las reglas del juego.
La ecuación es clara: si se convoca la plaza sin ese complemento específico, queda desierta porque nadie quiere trabajar por menos dinero; pero si se convoca con el extra, se destapa la trampa y hay que justificar un sueldo que ha sido inflado durante años sin transparencia ni mérito. El resultado es que la plaza nunca se convoca seriamente, y el interventor accidental sigue ahí, beneficiándose de una situación que, en cualquier otra administración seria, ya se habría corregido hace mucho.
La responsabilidad no es solo del funcionario, que evidentemente no ha tenido reparos en aprovechar su estatus privilegiado, sino del propio Gobierno de la Ciudad, que ha preferido mirar hacia otro lado y mantener el chiringuito antes que afrontar el problema de raíz. Es una muestra más del clientelismo y de la falta de voluntad para profesionalizar una administración que debería ser ejemplar, no una oficina de favores perpetuos.
Ahora, con la advertencia del Tribunal de Cuentas encima de la mesa, a la Ciudad no le queda otra que hacer lo que nunca ha querido: regularizar esa plaza y asumir el coste económico y político de hacer las cosas bien. Subir el sueldo para que la plaza resulte atractiva y cumplir con la legalidad. Sí, costará dinero, pero lo que no es de recibo es perpetuar una situación que va contra todos los principios de mérito, capacidad y transparencia.
Porque no se puede hablar de buena gestión mientras se toleran estos parches que solo benefician a unos pocos y perjudican a la confianza de los ciudadanos en su administración. Ya va siendo hora de acabar con los “accidentales” eternos.
