Lo de Tragsa empieza a ser de escándalo. La empresa pública que nació con el supuesto objetivo de agilizar obras y servicios en el ámbito rural se ha convertido, con el paso del tiempo, en una herramienta al servicio de los gobiernos de turno para colocar a dedo a quienes les interesa. El último episodio destapado, ese contrato de 2,4 millones de euros para enchufados procedentes de Adif, es solo la punta del iceberg de una práctica demasiado común: usar el dinero público como cortijo privado.
