Lo de Tragsa empieza a ser de escándalo. La empresa pública que nació con el supuesto objetivo de agilizar obras y servicios en el ámbito rural se ha convertido, con el paso del tiempo, en una herramienta al servicio de los gobiernos de turno para colocar a dedo a quienes les interesa. El último episodio destapado, ese contrato de 2,4 millones de euros para enchufados procedentes de Adif, es solo la punta del iceberg de una práctica demasiado común: usar el dinero público como cortijo privado.
Lo de Tragsa empieza a ser de escándalo. La empresa pública que nació con el supuesto objetivo de agilizar obras y servicios en el ámbito rural se ha convertido, con el paso del tiempo, en una herramienta al servicio de los gobiernos de turno para colocar a dedo a quienes les interesa. El último episodio destapado, ese contrato de 2,4 millones de euros para enchufados procedentes de Adif, es solo la punta del iceberg de una práctica demasiado común: usar el dinero público como cortijo privado.
Lo grave no es solo el enchufismo en sí —que ya es bastante—, sino la impunidad con la que se ejecuta. Tragsa no compite como cualquier empresa. No está sometida a las mismas reglas que una adjudicación pública abierta. Se le encomiendan trabajos por la vía rápida y, dentro, los puestos se reparten como cromos entre familiares, amigos o militantes bien colocados. Es la putita del sistema, con perdón, la marioneta que los políticos manejan a su antojo para hacer favores sin que les salpique.
Y en Ceuta no es ninguna excepción. Aquí también se tira de Tragsa cada vez que hay que contratar personal sin pasar por los filtros habituales. Basta con una encomienda de gestión y, voilà, aparece el personal necesario sin pasar por ninguna bolsa ni oposición. ¿Transparencia? ¿Igualdad de oportunidades? Para otros. Aquí prima a quién conoces, no lo que vales.
Mientras tanto, los ceutíes seguimos pagando la factura. Porque detrás de cada "encomendita" hay dinero público, que no cae del cielo. Sale de los bolsillos de todos para acabar beneficiando a unos pocos. Es una forma de corrupción silenciosa, institucionalizada, que no se denuncia lo suficiente porque está disfrazada de legalidad.
Tal vez ha llegado el momento de replantearnos el papel de Tragsa y exigir que deje de ser la agencia de colocación encubierta del poder. Porque lo que se juega no es solo el dinero, sino la confianza de la gente en las instituciones. Y esa, cuando se pierde, no hay contrato que la recupere.