Otra vez, Gibraltar mete la pata donde no debe. El Gobierno del Peñón ha dado luz verde a una nueva actuación en aguas que son, sin discusión alguna, españolas. Y lo hace, como viene siendo costumbre, con una mezcla de soberbia y descaro, aprovechando la tibieza con la que muchas veces España responde a este tipo de provocaciones. Resulta preocupante que, en pleno siglo XXI, tengamos que seguir reclamando algo tan básico como el respeto a nuestra soberanía marítima.
El goteo constante de noticias en torno a la investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunta apropiación indebida, sigue generando una densa niebla sobre la vida política y empresarial de nuestro país.
El Parlamento Europeo ha decidido dejar de financiar campañas que promuevan el uso del velo islámico, y, sinceramente, ya era hora. Era una auténtica contradicción que desde las instituciones europeas, que tanto alardean de defender la igualdad y los derechos de la mujer, se estuviera destinando dinero público a normalizar un símbolo que, en muchas partes del mundo, representa justo lo contrario: sumisión, control y desigualdad.
Podemos ha decidido jugar su última carta en la baraja electoral y lanza a Irene Montero como cabeza de lista para unas hipotéticas generales. Sí, la misma Irene Montero de la infame “ley del solo sí es sí”, aquella que provocó un auténtico terremoto jurídico al reducir las penas de más de mil agresores sexuales, muchos de los cuales salieron antes de tiempo a la calle. ¿Esa es la referente que necesita la izquierda? ¿Esa es la candidata que va a ilusionar al electorado progresista?
Jésica, la excompañera sentimental del exministro Ábalos, ha dejado claro con su actitud y sus declaraciones ante el juez que lo de “responsabilidad con el trabajo” es una falacia. Mientras Tragsatec la ensalzaba, señalando su dedicación, resulta que la realidad es otra: nunca fue a trabajar. Es difícil no indignarse al ver cómo una persona se ha aprovechado de su relación con una figura de poder para embolsarse un sueldo sin dar un palo al agua. Esto no es más que un claro caso de aprovechamiento de la influencia política para lucrarse, sin dar ni un mínimo de su parte en el servicio público por el que cobraba.
