El Ministerio del Interior ha decidido responder a la preocupante oleada de agresiones a funcionarios de prisiones con la compra de 100 escudos y 97 cascos. Una medida que, más que una solución, parece una broma de mal gusto. Como si la violencia sistemática dentro de las cárceles se pudiera contener con atrezzo de antidisturbios en lugar de con leyes firmes y respaldo institucional real. Es una forma de hacer ruido sin resolver nada, de maquillar el problema para no salir en las portadas, aunque el precio lo paguen, una vez más, los de siempre: los trabajadores.
