Casco, escudo… y silencio

El Ministerio del Interior ha decidido responder a la preocupante oleada de agresiones a funcionarios de prisiones con la compra de 100 escudos y 97 cascos. Una medida que, más que una solución, parece una broma de mal gusto. Como si la violencia sistemática dentro de las cárceles se pudiera contener con atrezzo de antidisturbios en lugar de con leyes firmes y respaldo institucional real. Es una forma de hacer ruido sin resolver nada, de maquillar el problema para no salir en las portadas, aunque el precio lo paguen, una vez más, los de siempre: los trabajadores.

No se puede permitir que quienes se juegan el tipo cada día entre rejas sean tratados como carne de cañón. Es escandaloso que se dé más protección al infractor que al funcionario. Y lo peor es que ni se disimula. Mientras los internos gozan de gimnasio, tiempo libre y derechos (como debe ser en un Estado de Derecho), los que custodian el orden apenas tienen respaldo cuando son víctimas de una agresión. ¿Qué se supone que deben hacer con un escudo y un casco cuando la agresión ya ha ocurrido y el agresor sigue dentro, tranquilo?

Hace falta valentía política. Pero de la de verdad, no de la que se compra por lotes en licitaciones públicas. Hay que castigar con dureza los ataques a funcionarios, establecer protocolos claros y efectivos, y, sobre todo, dejar de mirar para otro lado. Defender a los trabajadores de prisiones no debería ser una cuestión ideológica, sino de sentido común y justicia.

Lo que está pasando es una vergüenza y un síntoma más de un sistema que prefiere la foto bonita al trabajo incómodo. Mientras tanto, los funcionarios siguen entrando a trabajar con miedo y saliendo con heridas. Literalmente. Asco de política cobarde, que prefiere quedar bien con todos menos con quienes más lo necesitan.