El culebrón político en el que se ha convertido el Gobierno de Pedro Sánchez no deja de sumar capítulos bochornosos. Ahora es Sumar quien presiona al PSOE para que presente unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), como si la coalición no fuese parte del mismo desastre. La obligación del Ejecutivo es clara: presentar unas cuentas y llevarlas al Congreso, pero en lugar de eso nos encontramos con un espectáculo lamentable de luchas internas, chantajes políticos y promesas vacías.
La Armada y la OTAN están afinando los últimos detalles para lo que será el mayor ejercicio naval de 2025. Un despliegue que, más allá del espectáculo de poderío militar, responde a la necesidad de reforzar la seguridad marítima en un mundo cada vez más inestable. No es sólo cuestión de exhibición, sino de preparación ante cualquier escenario que pueda comprometer la paz y la estabilidad global.
El abandono de Elizabeth Duval de Sumar y su renuncia a la dirección son el reflejo de una crisis política que no deja de profundizarse. Duval ha comprobado en carne propia las limitaciones de la “política partidista” y, ante la fractura interna de Sumar, ha decidido dar un paso atrás. No es para menos: Sumar, que prometía ser una alternativa progresista, está más cerca de hundirse que de consolidarse. Las luchas internas, los egos desbordados y las incoherencias en sus propuestas dejan claro que la coalición no está para tirar cohetes.
Pedro Sánchez ha vuelto a hacer de las suyas, lanzando denuncia contra el llamado “pacto del Ventorro” entre Carlos Mazón y Vox, y afirmando que Alberto Núñez Feijóo quiere replicar ese acuerdo en toda España. Curiosa manera de desviar la atención sobre su propio desastre, ¿no? Mientras el presidente del Gobierno se centra en señalar a los demás, el país sigue sumido en una crisis sanitaria, económica y social que él mismo no ha sido capaz de solucionar en sus años al mando.
El Gobierno ha decidido que compensará a las comunidades autónomas que acojan a más menores de los que les corresponden según su población. Es decir, que estos niños, muchos de ellos en situación de extrema vulnerabilidad, ahora tienen precio. La medida, lejos de ser una solución real al problema de la presión migratoria en ciudades como Ceuta y Melilla, demuestra una vez más la incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para gestionar esta cuestión con humanidad y responsabilidad.
