El Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado otra línea roja en su afán por mantenerse en el poder. Ahora, ha decidido poner la política migratoria al servicio de los intereses independentistas catalanes, cediendo competencias clave a quienes llevan años buscando la ruptura con España. Con cada concesión, el Ejecutivo no solo debilita la unidad del país, sino que refuerza la idea de que en esta España del sanchismo, el que más chantajea, más obtiene.
