Óscar López, director de gabinete de Pedro Sánchez, vuelve a la carga con la cantinela de la "campaña de acoso" contra el presidente. Esta vez, la excusa es la nueva citación judicial de su hermano, David Sánchez, en una investigación que, por mucho que intenten disfrazarla de ataque político, sigue el cauce natural de la justicia. Lo que hay no es una persecución, sino una acumulación de escándalos y manejos turbios que, tarde o temprano, acaban estallando.
Podemos vuelve a la carga con su discurso de barra de bar, esta vez para plantarse ante Pedro Sánchez y rechazar cualquier aumento en el gasto en defensa. Según ellos, el país tiene otras prioridades, como si la seguridad nacional fuera un capricho y no una necesidad básica en un mundo cada vez más inestable.
España está sufriendo una oleada de ciberataques que pone en jaque a empresas de todos los tamaños. Desde grandes corporaciones hasta pequeños negocios, nadie está a salvo de unos delincuentes que, desde la comodidad de su ordenador, pueden paralizar una compañía entera. Los ataques de ransomware, que secuestran los sistemas informáticos a cambio de un rescate, se han convertido en el pan de cada día para muchos empresarios que, de la noche a la mañana, ven comprometidos sus datos y su operativa.
La ex asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ha comparecido este miércoles como testigo en el Tribunal Supremo en el marco de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su declaración, Sánchez Acera dejó claro que no recuerda quién le envió el controvertido correo electrónico relacionado con la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un "olvido repentino" que ha levantado una considerable polvareda mediática y política.
El Gobierno de Pedro Sánchez parece seguir sumando capítulos en su eterna novela de escándalos y controversias. En esta ocasión, el juez Juan Carlos Peinado ha citado al ministro Félix Bolaños para que testifique sobre la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, en un caso que no hace sino alimentar las sospechas de corrupción y tráfico de influencias en el círculo más cercano al presidente del Gobierno. Este episodio, que tendrá lugar el 16 de abril, parece ser una de las consecuencias más directas de una serie de decisiones que parecen estar marcadas por la falta de transparencia y, sobre todo, por la mala gestión de la ética pública.
