El Gobierno de Pedro Sánchez parece seguir sumando capítulos en su eterna novela de escándalos y controversias. En esta ocasión, el juez Juan Carlos Peinado ha citado al ministro Félix Bolaños para que testifique sobre la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, en un caso que no hace sino alimentar las sospechas de corrupción y tráfico de influencias en el círculo más cercano al presidente del Gobierno. Este episodio, que tendrá lugar el 16 de abril, parece ser una de las consecuencias más directas de una serie de decisiones que parecen estar marcadas por la falta de transparencia y, sobre todo, por la mala gestión de la ética pública.
El Gobierno de Pedro Sánchez parece seguir sumando capítulos en su eterna novela de escándalos y controversias. En esta ocasión, el juez Juan Carlos Peinado ha citado al ministro Félix Bolaños para que testifique sobre la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, en un caso que no hace sino alimentar las sospechas de corrupción y tráfico de influencias en el círculo más cercano al presidente del Gobierno. Este episodio, que tendrá lugar el 16 de abril, parece ser una de las consecuencias más directas de una serie de decisiones que parecen estar marcadas por la falta de transparencia y, sobre todo, por la mala gestión de la ética pública.
El hecho de que el ministro de Presidencia tenga que acudir a los tribunales para explicar cómo se produjo la contratación de la asesora de la esposa de Sánchez revela un Gobierno que, lejos de la ejemplaridad que promete, se ve envuelto en un pantano de dudas sobre sus prácticas. Y es que no son pocas las veces en que este Ejecutivo ha tenido que enfrentarse a cuestionamientos relacionados con el trato de favor y el uso político de los recursos públicos. Las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que salpican a la primera dama, Begoña Gómez, no hacen más que confirmar las peores sospechas de una gestión pública opaca y en ocasiones hasta desvergonzada.
Por si fuera poco, la forma en que se gestionan estas situaciones demuestra un desprecio total por la rendición de cuentas. Que un ministro como Bolaños tenga que testificar en un juicio sobre el presunto enchufismo y la contratación de personal en base a criterios nada transparentes es una muestra más de lo que muchos ya sabían: este Gobierno sigue sin dar ejemplo de buena práctica política. ¿Cómo se puede exigir a los ciudadanos que confíen en las instituciones si las personas que las dirigen se manejan entre sospechas y sombras?
Lo más preocupante de todo esto es que, en lugar de asumir responsabilidades, lo que vemos es un intento de ocultar y silenciar. En un momento en que los ciudadanos demandan mayor transparencia y ética en la gestión pública, el Gobierno parece empeñado en hacer caso omiso a estas demandas, como si los escándalos no tuvieran peso o no afectaran a la confianza pública. Pero la realidad es que los casos como este no hacen sino erosionar lo poco que queda de credibilidad en este Ejecutivo.
Con cada nueva citación y cada nueva filtración, el círculo de impunidad alrededor de los miembros del Gobierno se va estrechando. La pregunta ahora es si el ministro Bolaños será capaz de aportar una respuesta convincente el 16 de abril o si, por el contrario, seguirá siendo otro capítulo más de un Gobierno que parece tener una habilidad infinita para eludir la justicia y la transparencia. Sin duda, esta será una cita que pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para afrontar las acusaciones que lo persiguen.
