La ex asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ha comparecido este miércoles como testigo en el Tribunal Supremo en el marco de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su declaración, Sánchez Acera dejó claro que no recuerda quién le envió el controvertido correo electrónico relacionado con la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un "olvido repentino" que ha levantado una considerable polvareda mediática y política.
La ex asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ha comparecido este miércoles como testigo en el Tribunal Supremo en el marco de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su declaración, Sánchez Acera dejó claro que no recuerda quién le envió el controvertido correo electrónico relacionado con la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un "olvido repentino" que ha levantado una considerable polvareda mediática y política.
Que Sánchez Acera, número dos del PSOE en Madrid, no logre recordar un detalle tan crucial en un caso que implica a altas figuras de la política, genera no pocas dudas sobre la veracidad de su testimonio. Y es que, en situaciones tan delicadas como ésta, donde se juega con la imagen pública y la transparencia de las instituciones, no hay cabida para este tipo de lagunas de memoria. ¿Es posible que alguien en su posición, con la responsabilidad que ostenta, olvide detalles tan importantes? Difícil de creer.
Más allá de las especulaciones, este incidente no hace más que alimentar la desconfianza en las instituciones y en aquellos que las dirigen. La política, lamentablemente, está acostumbrada a esta clase de respuestas evasivas, que parecen no tener otro fin que retrasar la verdad o encubrir situaciones poco claras. Si esto fuera un olvido genuino, la pregunta que surge es: ¿estamos realmente ante una gestión tan desorganizada que los detalles más cruciales se desvanecen en el aire?
Lo más grave de todo es que este "olvido" no hace más que empañar la credibilidad de las instituciones, especialmente en un momento tan crítico para la política española. Los ciudadanos tienen derecho a exigir transparencia y responsabilidad a quienes ocupan puestos de poder. No es solo una cuestión de forma, sino de fondo. La falta de claridad en los testimonios y la gestión de este tipo de situaciones solo contribuye a alimentar la sensación de que las decisiones importantes no se toman por el bien común, sino por intereses personales o de partido.
Es necesario que, en situaciones como esta, las instituciones se comporten con la altura de miras que el momento exige. No basta con excusas o "olvidos" que parecen más bien parte de una estrategia. La política debe recuperar la credibilidad que tanto ha perdido, y para ello, la transparencia y la responsabilidad deben ser la norma, no la excepción.