Cuando un fiscal general borra sus propios mensajes y correos electrónicos en plena investigación, algo huele mal. Álvaro García Ortiz, en su declaración ante el Tribunal Supremo, reconoció que eliminó sus chats "por seguridad", amparándose en un protocolo de protección de datos. Pero cuando la Guardia Civil revisó sus dispositivos y encontró "cero" mensajes, quedó claro que no se trataba de una precaución rutinaria, sino de una limpieza a conciencia.
Cuando un fiscal general borra sus propios mensajes y correos electrónicos en plena investigación, algo huele mal. Álvaro García Ortiz, en su declaración ante el Tribunal Supremo, reconoció que eliminó sus chats "por seguridad", amparándose en un protocolo de protección de datos. Pero cuando la Guardia Civil revisó sus dispositivos y encontró "cero" mensajes, quedó claro que no se trataba de una precaución rutinaria, sino de una limpieza a conciencia.
Lo más grave no es solo el borrado de pruebas, sino su empeño en obstaculizar la recuperación de esos datos. El juez ha tenido que recurrir a WhatsApp y Google para intentar reconstruir lo que el fiscal general hizo desaparecer, una medida que ha sido necesaria por la "falta de colaboración" de García Ortiz. Y ahora, lejos de facilitar la investigación, pretende desactivar esa petición de auxilio, como si la transparencia no fuera con él.
Este escándalo revela un problema aún mayor: la degradación de una institución clave en nuestro sistema democrático. El fiscal general del Estado, que debería ser un garante de la legalidad, está actuando como un imputado cualquiera que trata de esquivar la justicia. Su deber no es entorpecer la investigación, sino garantizar que la verdad salga a la luz, aunque le perjudique.
Cada día que pasa sin explicaciones creíbles, la credibilidad de la Fiscalía General se desmorona un poco más. ¿Qué teme García Ortiz? ¿Qué esconden esos mensajes? Un servidor público que se aferra a su cargo mientras sabotea una investigación en su contra no es digno de seguir al frente de la Fiscalía. La justicia no puede doblegarse a maniobras de ocultación.
El fiscal general no puede seguir jugando al trilero con la verdad. Si no tiene nada que ocultar, que colabore. Y si tiene algo que esconder, que asuma las consecuencias.