Las palabras importan, y más aún cuando salen de la boca de un ministro. Que Óscar López haya decidido equiparar políticamente a José Luis Ábalos, condenado por la Justicia, con Isabel Díaz Ayuso, contra la que no existe ninguna causa judicial abierta, no es un simple error de comunicación. Es una forma preocupante de banalizar los hechos y de sustituir la realidad por el relato.
La sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, con 24 años de prisión, y contra Koldo García, con cerca de 20, ha caído como un jarro de agua fría en la política española. Hablamos de cifras enormes, de las más duras que se recuerdan para un exministro en democracia, y eso, guste o no, obliga a mirar de frente lo que está pasando.
La decisión judicial de abrir juicio oral contra Begoña Gómez ha vuelto a situar al Gobierno en el centro de la polémica política. Más allá del recorrido que tenga el procedimiento en los tribunales y del respeto obligado a la presunción de inocencia, resulta evidente que la acumulación de controversias está desgastando seriamente la confianza de una parte importante de la ciudadanía.
Retirar la bandera de España de la sede del PSOE de Madrid para sustituirla por la de la Segunda República no es un gesto inocente, ni una simple decisión estética. Es una declaración política en toda regla. Y lo más grave es que procede del partido que actualmente ocupa el Gobierno de la nación. Quien gobierna España tiene la obligación moral e institucional de respetar los símbolos que representan a todos los españoles, no solo a quienes piensan como él, aunque visto lo visto todo lo que últimamente está rodeando al partido socialista, ya nada sorprende, y están mostrando su verdadera cara desde hace tiempo.
Cada vez que una investigación judicial afecta a dirigentes o personas próximas al PSOE, aparece un argumento recurrente entre los sectores más fanatizados del partido: que los jueces son de ultraderecha, que forman parte de una conspiración o que actúan movidos por intereses políticos. Bajo esa lógica, magistrados como Juan Carlos Peinado, Ismael Moreno Calama, Santiago Pedraz o Leopoldo Puente pasan de ser jueces a convertirse, según algunos, en supuestos actores políticos.
