La decisión judicial de abrir juicio oral contra Begoña Gómez ha vuelto a situar al Gobierno en el centro de la polémica política. Más allá del recorrido que tenga el procedimiento en los tribunales y del respeto obligado a la presunción de inocencia, resulta evidente que la acumulación de controversias está desgastando seriamente la confianza de una parte importante de la ciudadanía.
La decisión judicial de abrir juicio oral contra Begoña Gómez ha vuelto a situar al Gobierno en el centro de la polémica política. Más allá del recorrido que tenga el procedimiento en los tribunales y del respeto obligado a la presunción de inocencia, resulta evidente que la acumulación de controversias está desgastando seriamente la confianza de una parte importante de la ciudadanía.
El problema para el Ejecutivo no es únicamente un asunto concreto. Es la sensación de que las explicaciones nunca terminan de cerrar las dudas y de que cada semana aparece un nuevo frente político o institucional. Cuando eso ocurre de forma continuada, la credibilidad se convierte en el principal perjudicado.
Pedro Sánchez y el PSOE sostienen que existe una estrategia de desgaste contra el Gobierno. Sus adversarios, por el contrario, consideran que los acontecimientos son consecuencia de decisiones y comportamientos que deben ser aclarados. Esa confrontación permanente ha terminado por trasladar una imagen de tensión constante que no beneficia a las instituciones.
En democracia, cuando la desconfianza crece y la crispación alcanza niveles elevados, la herramienta más poderosa sigue siendo la misma: la palabra de los ciudadanos en las urnas. Las elecciones son el mecanismo que permite reforzar o rectificar el rumbo político de un país.
Por eso son cada vez más quienes consideran que ha llegado el momento de consultar de nuevo a los españoles. No para sustituir el trabajo de los jueces ni para adelantar conclusiones, sino para devolver el protagonismo a los ciudadanos y permitir que decidan qué camino debe seguir España.