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Hay imágenes que lo dicen todo. Mientras el país lleva semanas pendiente de las informaciones sobre Barrabés, la SEPI, las investigaciones judiciales y los casos que salpican al entorno del PSOE y del Gobierno, Pedro Sánchez comparece y evita entrar en el fondo del asunto. Ni una explicación, ni una respuesta clara. En cambio, sí hubo espacio para recomendar a los ciudadanos que utilizaran gafas para ver el eclipse de sol. Cuesta no quedarse con una sensación de desconcierto.

Si algo le faltaba a la política española era ver a la directora general de la Guardia Civil y a su número dos imputados por el juez del llamado caso Leire. Una noticia que vuelve a colocar a las instituciones en el centro de la polémica y que deja a muchos ciudadanos con la sensación de que la vergüenza se ha instalado en los despachos públicos. Porque cuando quienes deben garantizar la ejemplaridad acaban sentándose ante un juez, la confianza de la sociedad recibe un golpe difícil de reparar.

Hay noticias que, por mucho que uno las lea dos veces, siguen costando creer. La última es que Pedro Sánchez mantiene al frente de la Guardia Civil a una directora general imputada por presuntos delitos relacionados con sus propios subordinados. Y no, aquí ya no vale aquello de hablar de presunción de inocencia para justificar cualquier decisión política. La Justicia hará su trabajo, pero la responsabilidad política debería ir por otro camino.

Cada vez que el Gobierno anuncia una nueva subida de impuestos, el bolsillo de los ciudadanos vuelve a temblar. Desde este miércoles, el incremento de la fiscalidad sobre los carburantes hará que llenar el depósito cueste más. Y aunque algunos intenten presentar la medida como un simple ajuste técnico o una obligación normativa, la realidad es mucho más sencilla: el ciudadano volverá a pagar la factura.