Cada vez que el Gobierno anuncia una nueva subida de impuestos, el bolsillo de los ciudadanos vuelve a temblar. Desde este miércoles, el incremento de la fiscalidad sobre los carburantes hará que llenar el depósito cueste más. Y aunque algunos intenten presentar la medida como un simple ajuste técnico o una obligación normativa, la realidad es mucho más sencilla: el ciudadano volverá a pagar la factura.
Cada vez que el Gobierno anuncia una nueva subida de impuestos, el bolsillo de los ciudadanos vuelve a temblar. Desde este miércoles, el incremento de la fiscalidad sobre los carburantes hará que llenar el depósito cueste más. Y aunque algunos intenten presentar la medida como un simple ajuste técnico o una obligación normativa, la realidad es mucho más sencilla: el ciudadano volverá a pagar la factura.
El problema no termina en la gasolinera. Cuando aumenta el precio del combustible, también lo hace el coste del transporte. Los transportistas tendrán que repercutir ese gasto en sus tarifas y, al final de la cadena, serán los consumidores quienes paguen más por la compra, por la ropa, por los electrodomésticos o por cualquier producto que necesite llegar a una tienda. Es el efecto dominó de siempre, solo que esta vez vuelve a golpear a unas familias que ya llevan demasiado tiempo haciendo malabares para llegar a fin de mes.
Resulta difícil entender que se siga recurriendo a subir impuestos cuando la sensación en la calle es que cada vez cuesta más vivir con dignidad. Mientras los salarios apenas avanzan para muchos trabajadores y el coste de la vida no deja de crecer, la respuesta del Ejecutivo vuelve a ser meter la mano en el bolsillo de quienes menos margen tienen. Al final, el mensaje que reciben millones de ciudadanos es que siempre les toca apretarse un poco más el cinturón.
Un Gobierno tiene la obligación de gestionar los recursos públicos, pero también de medir el impacto real de sus decisiones. Porque recaudar más a costa de encarecer un bien tan esencial como el combustible acaba teniendo consecuencias para toda la economía. Cuando las políticas públicas terminan castigando sistemáticamente a quienes trabajan, producen y consumen, es lógico que aumente el descontento. Gobernar no debería consistir únicamente en recaudar más, sino en evitar que cada nueva medida convierta el día a día de los ciudadanos en una cuesta aún más empinada.