Demasiado lejos

Hay noticias que, por mucho que uno las lea dos veces, siguen costando creer. La última es que Pedro Sánchez mantiene al frente de la Guardia Civil a una directora general imputada por presuntos delitos relacionados con sus propios subordinados. Y no, aquí ya no vale aquello de hablar de presunción de inocencia para justificar cualquier decisión política. La Justicia hará su trabajo, pero la responsabilidad política debería ir por otro camino.

Lo verdaderamente llamativo es la imagen que se proyecta. Miles de guardias civiles se juegan el tipo cada día, cumplen las normas y saben que cualquier paso en falso tiene consecuencias. Sin embargo, quien está al mando del cuerpo continúa en el cargo pese a estar siendo investigada. Es difícil pedir ejemplaridad desde arriba cuando el ejemplo empieza precisamente por faltar en la cúspide.

Hay otro detalle que hace que todo esto resulte todavía más difícil de digerir. Una de las investigaciones tiene que ver, precisamente, con el trato a sus subordinados. Es decir, la persona que dirige la Guardia Civil sigue tomando decisiones sobre los mismos profesionales mientras responde ante un juez por hechos relacionados con ellos. Cuanto menos, la situación resulta surrealista.

Hace unos años, algo así habría provocado una dimisión casi inmediata o un cese preventivo para no perjudicar la imagen de la institución. Hoy parece que todo vale con tal de aguantar en el poder. Y ese es el verdadero problema. Porque esto ya no va solo de una imputación. Va del mensaje que se envía a los ciudadanos y a los propios guardias civiles. Más que otro límite superado, lo que queda es la sensación de que la vergüenza política hace tiempo que dejó de ser un freno.