Si algo le faltaba a la política española era ver a la directora general de la Guardia Civil y a su número dos imputados por el juez del llamado caso Leire. Una noticia que vuelve a colocar a las instituciones en el centro de la polémica y que deja a muchos ciudadanos con la sensación de que la vergüenza se ha instalado en los despachos públicos. Porque cuando quienes deben garantizar la ejemplaridad acaban sentándose ante un juez, la confianza de la sociedad recibe un golpe difícil de reparar.
Si algo le faltaba a la política española era ver a la directora general de la Guardia Civil y a su número dos imputados por el juez del llamado caso Leire. Una noticia que vuelve a colocar a las instituciones en el centro de la polémica y que deja a muchos ciudadanos con la sensación de que la vergüenza se ha instalado en los despachos públicos. Porque cuando quienes deben garantizar la ejemplaridad acaban sentándose ante un juez, la confianza de la sociedad recibe un golpe difícil de reparar.
Según las diligencias judiciales, la imputación llega después de conocerse los contactos mantenidos entre la directora general y Leire Díez, conocida públicamente como la "fontanera del PSOE". La investigación trata de esclarecer si esas reuniones pudieron guardar relación con las actuaciones que, presuntamente, buscaban obtener información o influir en investigaciones desarrolladas por la UCO que afectaban al entorno del Gobierno, entre ellas las que salpicaban al hermano y a la esposa del presidente, además de otros asuntos relacionados con el PSOE. Será la Justicia quien determine qué ocurrió realmente, pero el simple hecho de que exista esa sospecha ya resulta demoledor para la imagen de las instituciones.
La presunción de inocencia es un principio irrenunciable y debe respetarse siempre. Pero una cosa es la responsabilidad penal y otra muy distinta la responsabilidad política. Quien dirige la Guardia Civil no puede permitirse que sobre su gestión planee la sombra de haber mantenido reuniones con una persona que, según la investigación, trataba de intervenir en asuntos de enorme trascendencia política y judicial. La confianza se gana durante años y puede perderse en cuestión de días.
Lo peor de todo es la sensación de que en España ya casi nada sorprende. Escándalo tras escándalo, parece que la capacidad de asumir responsabilidades se ha convertido en una rara excepción. Mientras tanto, miles de guardias civiles continúan haciendo su trabajo con profesionalidad y dedicación, viendo cómo el prestigio del cuerpo queda empañado por quienes ocupan los puestos más altos. Ellos no merecen cargar con el descrédito que provocan sus dirigentes. Y los españoles tampoco merecen seguir contemplando cómo las instituciones que deberían ser un motivo de orgullo acaban protagonizando titulares que solo generan indignación y una vergüenza cada vez más difícil de disimular.