Cada vez que una investigación judicial afecta a dirigentes o personas próximas al PSOE, aparece un argumento recurrente entre los sectores más fanatizados del partido: que los jueces son de ultraderecha, que forman parte de una conspiración o que actúan movidos por intereses políticos. Bajo esa lógica, magistrados como Juan Carlos Peinado, Ismael Moreno Calama, Santiago Pedraz o Leopoldo Puente pasan de ser jueces a convertirse, según algunos, en supuestos actores políticos.
Cada vez que una investigación judicial afecta a dirigentes o personas próximas al PSOE, aparece un argumento recurrente entre los sectores más fanatizados del partido: que los jueces son de ultraderecha, que forman parte de una conspiración o que actúan movidos por intereses políticos. Bajo esa lógica, magistrados como Juan Carlos Peinado, Ismael Moreno Calama, Santiago Pedraz o Leopoldo Puente pasan de ser jueces a convertirse, según algunos, en supuestos actores políticos.
Sin embargo, en una democracia madura, las resoluciones judiciales deben combatirse con recursos y argumentos, no con descalificaciones. Resulta difícil sostener que cada magistrado que adopta una decisión incómoda para un partido forme parte de una trama ideológica. Si la vara de medir cambia según quién esté siendo investigado, el problema no está en la Justicia, sino en la incapacidad de aceptar el funcionamiento normal del Estado de derecho.
Las investigaciones de la UCO y de distintos órganos judiciales han colocado bajo el foco a figuras como Begoña Gómez, Santos Cerdán, Koldo García, José Luis Ábalos o José Luis Rodríguez Zapatero. Corresponde a los tribunales determinar responsabilidades y respetar siempre la presunción de inocencia, pero negar la existencia de las investigaciones o desacreditar a quienes las instruyen no hace desaparecer los hechos que se están examinando.
Lo preocupante es que una parte del debate público parece haber abandonado la búsqueda de la verdad para refugiarse en la lealtad ciega. Cuando los jueces investigan al adversario son héroes; cuando investigan a los propios, son sospechosos. Esa incoherencia erosiona la confianza en las instituciones y alimenta una polarización cada vez más dañina.
La Justicia puede equivocarse y sus decisiones son legítimamente criticables. Lo que no resulta razonable es convertir a cualquier juez incómodo en enemigo político. Si existen indicios, que se investiguen; si existen delitos, que se condenen; y si no los hay, que se archive. Ese es el principio básico de cualquier democracia seria, gobierne quien gobierne.