Las palabras importan, y más aún cuando salen de la boca de un ministro. Que Óscar López haya decidido equiparar políticamente a José Luis Ábalos, condenado por la Justicia, con Isabel Díaz Ayuso, contra la que no existe ninguna causa judicial abierta, no es un simple error de comunicación. Es una forma preocupante de banalizar los hechos y de sustituir la realidad por el relato.
Las palabras importan, y más aún cuando salen de la boca de un ministro. Que Óscar López haya decidido equiparar políticamente a José Luis Ábalos, condenado por la Justicia, con Isabel Díaz Ayuso, contra la que no existe ninguna causa judicial abierta, no es un simple error de comunicación. Es una forma preocupante de banalizar los hechos y de sustituir la realidad por el relato.
Cuando un representante público coloca en el mismo plano a quien ha sido condenado y a quien no está siendo investigada, no está combatiendo la corrupción ni defendiendo la regeneración democrática. Está alimentando la confusión. La presunción de inocencia no puede ser una bandera cuando conviene y un estorbo cuando resulta incómoda. La coherencia exige algo más que consignas lanzadas ante los micrófonos.
Su afirmación de que “ni todos los políticos son corruptos ni todos los periodistas son maravillosos” encierra una verdad tan obvia como irrelevante para el debate que pretendía abordar. Nadie sostiene semejantes absolutos. El problema no es ese. El problema es intentar diluir responsabilidades individuales en una niebla de generalizaciones para que nadie tenga que responder por nada. Cuando se recurre a ese recurso, la impresión que queda es la de quien no tiene argumentos sólidos y busca refugio en frases hechas.
La política española necesita dirigentes capaces de elevar el nivel de la discusión pública, no de embarrarla. Necesita explicaciones, rigor y respeto por los hechos. Comparar situaciones que no son comparables solo contribuye a deteriorar aún más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en quienes las representan.
Óscar López debería entender que la credibilidad no se construye a base de ocurrencias ni de titulares fáciles. Se construye con seriedad, con prudencia y con un mínimo respeto por la inteligencia de los ciudadanos. Y cuando un ministro renuncia a esos principios, no solo se desacredita a sí mismo: también perjudica al Gobierno del que forma parte.