Retirar la bandera de España de la sede del PSOE de Madrid para sustituirla por la de la Segunda República no es un gesto inocente, ni una simple decisión estética. Es una declaración política en toda regla. Y lo más grave es que procede del partido que actualmente ocupa el Gobierno de la nación. Quien gobierna España tiene la obligación moral e institucional de respetar los símbolos que representan a todos los españoles, no solo a quienes piensan como él, aunque visto lo visto todo lo que últimamente está rodeando al partido socialista, ya nada sorprende, y están mostrando su verdadera cara desde hace tiempo.
Retirar la bandera de España de la sede del PSOE de Madrid para sustituirla por la de la Segunda República no es un gesto inocente, ni una simple decisión estética. Es una declaración política en toda regla. Y lo más grave es que procede del partido que actualmente ocupa el Gobierno de la nación. Quien gobierna España tiene la obligación moral e institucional de respetar los símbolos que representan a todos los españoles, no solo a quienes piensan como él, aunque visto lo visto todo lo que últimamente está rodeando al partido socialista, ya nada sorprende, y están mostrando su verdadera cara desde hace tiempo.
El mensaje que transmite esta decisión es devastador. Parece decir que la bandera constitucional merece menos consideración que una enseña partidista e ideológica. Parece decir que la España real, la que trabaja, paga impuestos y sostiene el país, es menos importante que los intereses políticos de una dirección empeñada en reescribir la realidad a conveniencia. Y eso resulta profundamente ofensivo para millones de ciudadanos que no tienen por qué compartir la visión de quienes hoy ocupan el poder.
Pedro Sánchez lleva años pidiendo respeto para las instituciones mientras su proyecto político parece cada vez más cómodo cuestionando todo aquello que simboliza la unidad nacional. Lo ocurrido en Madrid no es un error aislado, sino la consecuencia lógica de una estrategia basada en la división, en la confrontación permanente y en el intento de satisfacer a sectores ideológicos cada vez más alejados del sentir mayoritario de los españoles. Cuando un partido llega al punto de apartar la bandera nacional de un lugar destacado, lo que está apartando realmente es una parte de la sociedad a la que debería representar.
El PSOE tiene derecho a defender el modelo de Estado que considere oportuno. Lo que no tiene derecho es a actuar como si los símbolos constitucionales fueran una molestia mientras disfruta de todas las prerrogativas que le otorga precisamente esa Constitución. Esa incoherencia política es tan evidente que resulta imposible ocultarla tras comunicados, excusas o maniobras de propaganda.
Quizá lo más preocupante de todo es la sensación de que algunos dirigentes han dejado de entender qué significa gobernar un país. Gobernar España no consiste en utilizar las instituciones para satisfacer obsesiones ideológicas ni en convertir los símbolos nacionales en un campo de batalla. Consiste en representar a todos. Y quien no es capaz de mostrar respeto hacia la bandera de la nación que gobierna difícilmente puede convencer a los ciudadanos de que respeta a la nación misma. Por eso, Pedro Sánchez ya está tardando en dar por concluida su legislatura y convocar elecciones, no puede seguir ni un minuto más como presidente de una nación a la que no respeta, el ciclo político está agotado y la única salida digna, si es que le queda algún ápice de dignidad, un vocablo que le queda muy grande, tremendamente grande, tando a Sánchez como al PSOE, es devolver la palabra a las urnas.