La asociación Transparencia Internacional ha puesto el dedo en la llaga: ¿por qué Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tiene una cuenta de correo electrónico institucional de Moncloa si no forma parte del personal contratado ni tiene un cargo público? La pregunta no es capciosa ni malintencionada; es lógica y legítima. En un Estado democrático, el uso de recursos públicos debe estar justificado, y más aún cuando hablamos del entorno más cercano al jefe del Ejecutivo.
