Mientras Pedro Sánchez y María Jesús Montero se encierran en Sevilla para redibujar el mapa interno del PSOE, en el PP Feijóo se limita a apretar unas tuercas y reforzar las vigas maestras del partido. Son dos formas muy distintas de afrontar una reorganización: en Ferraz se habla de "limpieza", en Génova de "refuerzo". Y esa diferencia, aunque parezca semántica, dice mucho de lo que pasa dentro de cada casa.
El Gobierno ha aprobado, por fin, la subida salarial adicional del 0,5% para más de tres millones de empleados públicos. Una subida que, siendo sinceros, llega tarde y se queda corta. No es un regalo ni una concesión generosa: es el cumplimiento de un compromiso firmado y supeditado a la evolución de la inflación. Es decir, no es que se premie el esfuerzo de los trabajadores públicos, sino que apenas se intenta compensar —mínimamente— la pérdida de poder adquisitivo que vienen arrastrando desde hace años.
Apenas faltan un par de días para que entre en vigor la nueva normativa que regulará los pisos turísticos en Ceuta, y no son pocos los que todavía están haciendo cálculos o mirando de reojo qué implicaciones tendrá para su bolsillo o su actividad. Porque aunque Ceuta no es una gran urbe con miles de apartamentos en alquiler vacacional, lo cierto es que ya hay más de 50 pisos turísticos registrados, y seguramente alguno más funcionando sin papeles. Para una ciudad con el tamaño y el tejido económico de la nuestra, no es poca cosa.
Ya está el gato en la talega. El Supremo ha hablado, y lo ha hecho alto y claro: prisión incondicional para Santos Cerdán por corrupción. Quien hasta hace poco era uno de los pesos pesados del PSOE, el hombre de confianza de Pedro Sánchez en Ferraz, pasa ahora a ocupar una celda por decisión judicial. No es una acusación menor ni una maniobra política: es una decisión del más alto tribunal del país, y eso pesa. Mucho.
Esta semana, la entrada del Tribunal Supremo se ha convertido en el escenario de un hecho inédito en la historia reciente de la democracia española: cerca de un millar de jueces y fiscales han salido de sus despachos para alzar la voz, no por un aumento salarial ni por una mejora en sus condiciones laborales, sino por algo mucho más esencial: la defensa de la independencia judicial y la denuncia de la creciente injerencia política en su labor.
