Si se confirma que Pedro Sánchez tiene en mente descabezar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para frenar o entorpecer investigaciones como las del “caso Begoña” o las ramificaciones que afectan al PSOE en el “caso Cerdán”, estaríamos no solo ante una maniobra política escandalosa, sino ante un atentado directo contra el Estado de Derecho. Porque una cosa es jugar al desgaste con la oposición o maniobrar con los tiempos parlamentarios, y otra muy distinta es meter mano en los cuerpos que velan por que la ley se cumpla, sea quien sea el investigado.
Si se confirma que Pedro Sánchez tiene en mente descabezar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para frenar o entorpecer investigaciones como las del “caso Begoña” o las ramificaciones que afectan al PSOE en el “caso Cerdán”, estaríamos no solo ante una maniobra política escandalosa, sino ante un atentado directo contra el Estado de Derecho. Porque una cosa es jugar al desgaste con la oposición o maniobrar con los tiempos parlamentarios, y otra muy distinta es meter mano en los cuerpos que velan por que la ley se cumpla, sea quien sea el investigado.
La UCO no es una comisaría cualquiera. Es una unidad de élite que se ha ganado su prestigio a pulso, destapando redes criminales, tramas corruptas y delitos de alta complejidad. No depende del humor de ningún gobierno, y mucho menos debería convertirse en rehén de los intereses personales del presidente o de su entorno más cercano. ¿Qué imagen se lanza si ahora se cuestiona, se presiona o se pretende purgar a quienes están cumpliendo con su deber?
Esto no va solo de Begoña Gómez ni de Santos Cerdán. Va de qué tipo de país queremos ser. Si Sánchez sigue por este camino, corre el riesgo de que el edificio institucional empiece a resquebrajarse por donde más duele: la confianza ciudadana. Porque cuando la gente empieza a sospechar que la ley no es igual para todos, el sistema se tambalea. Y eso, ni se arregla con discursos desde la Moncloa ni con contramedidas mediáticas.
España no puede permitirse esta deriva. Descabezar la UCO sería dar carta blanca a la impunidad, dinamitar la credibilidad de las instituciones y consagrar una forma de hacer política más propia de un régimen autoritario que de una democracia europea. No es una decisión técnica: es una declaración de guerra al sistema de controles que nos protege a todos, también al presidente.
Por eso, si todavía queda algo de respeto por la democracia, el Gobierno debería pensárselo dos veces antes de cruzar una línea que, una vez traspasada, ya no tiene retorno. Porque jugar con fuego institucional, además de imprudente, es profundamente irresponsable. Y, en este caso, puede ser el principio del fin.