Esta semana, la entrada del Tribunal Supremo se ha convertido en el escenario de un hecho inédito en la historia reciente de la democracia española: cerca de un millar de jueces y fiscales han salido de sus despachos para alzar la voz, no por un aumento salarial ni por una mejora en sus condiciones laborales, sino por algo mucho más esencial: la defensa de la independencia judicial y la denuncia de la creciente injerencia política en su labor.
Esta semana, la entrada del Tribunal Supremo se ha convertido en el escenario de un hecho inédito en la historia reciente de la democracia española: cerca de un millar de jueces y fiscales han salido de sus despachos para alzar la voz, no por un aumento salarial ni por una mejora en sus condiciones laborales, sino por algo mucho más esencial: la defensa de la independencia judicial y la denuncia de la creciente injerencia política en su labor.
No es habitual que magistrados y fiscales se movilicen, y mucho menos en bloque y con semejante contundencia. Si lo han hecho, es porque consideran que las reformas impulsadas por el ministro Félix Bolaños —cuyos detalles aún generan controversia— socavan gravemente el principio de separación de poderes y debilitan al poder judicial como contrapeso natural del legislativo y del ejecutivo. En un Estado de Derecho, esto no es una simple cuestión técnica: es el pilar mismo sobre el que se sustenta la libertad ciudadana.
El mensaje que lanzan es claro: si se diluye la independencia judicial, se erosiona la democracia. Y no se trata de interpretaciones alarmistas. El Consejo de Europa, la Comisión Europea y numerosos observatorios jurídicos han advertido ya sobre la necesidad de preservar la imparcialidad judicial en España, especialmente en lo relativo al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.
La respuesta de Bolaños, lejos de abrir una vía de diálogo, ha sido un reproche en toda regla: “respeto al poder legislativo” y una invitación condescendiente a “leerse los textos”. Pero el respeto a un poder del Estado no puede invocarse para menospreciar o debilitar a otro. La democracia no se reduce a contar escaños, sino a garantizar equilibrios reales entre poderes.
El hecho de que tantos jueces y fiscales se vean obligados a salir a la calle debería interpelar a toda la sociedad. No se trata de defender a la “casta togada”, como algunos querrán hacer ver, sino de entender que sin un poder judicial fuerte, independiente y respetado, nadie —ni ciudadanos, ni periodistas, ni políticos— está verdaderamente protegido frente a los abusos del poder.
Esta movilización no es una pataleta corporativa, es una advertencia. Y sería irresponsable no escucharla.