Cuesta ya seguir la lista de escándalos que salpican al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Cada poco, una nueva revelación, un nuevo “pufo”, un nuevo nombre que hasta hace nada era intocable. La última, la aparición en casa de Isabel Pardo de Vera —ex secretaria de Estado y ex presidenta de Adif— de un documento oficial sobre el suministro de cinco millones de mascarillas por parte del ente ferroviario. ¿Qué hacía ese papel allí? ¿Por qué no estaba donde debía? ¿A qué intereses servía?
Cuesta ya seguir la lista de escándalos que salpican al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Cada poco, una nueva revelación, un nuevo “pufo”, un nuevo nombre que hasta hace nada era intocable. La última, la aparición en casa de Isabel Pardo de Vera —ex secretaria de Estado y ex presidenta de Adif— de un documento oficial sobre el suministro de cinco millones de mascarillas por parte del ente ferroviario. ¿Qué hacía ese papel allí? ¿Por qué no estaba donde debía? ¿A qué intereses servía?
Más allá del contenido del documento, lo preocupante es el patrón que se repite: uso partidista de lo público, opacidad en las gestiones y vínculos poco claros entre altos cargos del Gobierno y operaciones millonarias que rozan, cuando no cruzan, la línea de lo legal. El caso de las mascarillas no es un hecho aislado. Está el “caso Koldo”, las comisiones por material sanitario, las adjudicaciones dudosas y las agendas con más tachones que aclaraciones. Un rosario de irregularidades que deteriora la confianza en las instituciones.
Lo más llamativo, sin embargo, es la actitud del presidente del Gobierno: ni una explicación, ni una asunción de responsabilidades, ni una palabra sobre el asunto. Solo un muro de silencio que ya no protege, sino que delata. Porque, cuando los documentos oficiales acaban en domicilios particulares y nadie dice cómo ni por qué, el relato del “todo está bajo control” se convierte en un insulto a la inteligencia ciudadana.
España necesita transparencia, rendición de cuentas y respeto a lo público. No basta con prometer ejemplaridad desde el atril; hay que demostrarla con hechos. Y de momento, lo que demuestran los hechos es que la descomposición ética empieza a tener nombre propio en cada uno de estos escándalos. Por más que en Moncloa miren hacia otro lado.
Es urgente que alguien dé explicaciones claras. Porque el hedor que empieza a salir de estos papeles olvidados no lo tapa ya ni el mejor discurso. Y, sobre todo, porque el daño a la democracia no se mide en titulares, sino en la desafección creciente de una ciudadanía que ya no sabe si fiarse de quienes mandan.