La asociación Transparencia Internacional ha puesto el dedo en la llaga: ¿por qué Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tiene una cuenta de correo electrónico institucional de Moncloa si no forma parte del personal contratado ni tiene un cargo público? La pregunta no es capciosa ni malintencionada; es lógica y legítima. En un Estado democrático, el uso de recursos públicos debe estar justificado, y más aún cuando hablamos del entorno más cercano al jefe del Ejecutivo.
La asociación Transparencia Internacional ha puesto el dedo en la llaga: ¿por qué Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tiene una cuenta de correo electrónico institucional de Moncloa si no forma parte del personal contratado ni tiene un cargo público? La pregunta no es capciosa ni malintencionada; es lógica y legítima. En un Estado democrático, el uso de recursos públicos debe estar justificado, y más aún cuando hablamos del entorno más cercano al jefe del Ejecutivo.
No se trata de un ataque personal, ni de inmiscuirse en la vida privada de nadie, sino de exigir claridad en lo que afecta al uso de recursos del Estado. Tener una dirección de correo electrónico oficial no es un simple detalle administrativo: implica acceso a información, recursos y cierta autoridad institucional. Si no hay relación laboral o vínculo jurídico con la administración, cuesta entender en qué se basa ese privilegio.
El Gobierno, en lugar de aclarar con naturalidad este tipo de cuestiones, opta por el silencio o por responder con indignación, como si cuestionar lo público fuera una ofensa. Y no, pedir explicaciones es parte del juego democrático. La opacidad solo alimenta la desconfianza ciudadana, y a estas alturas, no está el horno para bollos.
La transparencia no debería doler. Al contrario, es una herramienta para fortalecer la credibilidad de las instituciones y, de paso, ahorrarse polémicas innecesarias. Si hay una explicación sencilla, que se dé. Y si ha habido un error, que se corrija. No pasa nada por rectificar, lo que no puede ser es normalizar lo anómalo.
Porque al final, lo que está en juego no es solo un correo electrónico, sino el principio básico de que lo público es de todos, y no un cortijo para usos personales, por muy simbólicos que parezcan.