El Ministerio de Igualdad pide a las comunidades que refuercen la atención a las vulnerabilidades de las víctimas de violencia machista. La intención es loable y necesaria: proteger mejor a quien sufre una violencia real y persistente. Hasta ahí, poco que objetar. El problema aparece cuando esa urgencia parece convivir con un silencio incómodo hacia otras víctimas que también reclaman cuidado y memoria.
El manifiesto de Jordi Sevilla no cae del cielo ni llega por capricho. Es, más bien, un aviso a navegantes dentro del PSOE, una llamada a frenar y pensar cuando muchos sienten que el rumbo actual conduce a un callejón sin salida. Sevilla pide debate, autocrítica y menos consignas, algo que en cualquier partido sano debería sonar a música celestial.
La reciente liberación de presos políticos en Venezuela —incluyendo opositores, activistas y periodistas— marca un giro histórico, aunque todavía débil, en una realidad que parecía inamovible bajo los muros del chavismo. La excarcelación, que ha devuelto a sus familias a algunos de los que llevaban años entre rejas, se produjo en medio de una crisis política sin precedentes tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, acusado de narcotráfico y terrorismo. Para muchos, estas libertades son un soplo de esperanza; para otros, apenas un gesto calculado en un tablero geopolítico mayor.
No es para menos. Lo que ha dicho Emiliano García-Page estos días no es solo una declaración política, es un grito de sentido común: elecciones para que “hablen los españoles”. En plena tormenta de pactos y acuerdos que muchos consideran poco claros, Page pone sobre la mesa algo básico: la ciudadanía debe tener la última palabra. Y eso, en un país donde la política parece a veces más un juego de despachos que un reflejo de lo que quiere la gente, no es poca cosa.
Otra vez, Oriol Junqueras ha conseguido lo que muchos esperaban: 4.700 millones más para Cataluña gracias a un acuerdo con el Gobierno de Sánchez. Y otra vez, la sensación general es la misma: el Ejecutivo se arrodilla para asegurarse los votos de los independentistas, sacrificando el interés general por su supervivencia política. No es negociación, es rendición pura y dura.
