La muerte de la mujer onubense ingresada tras el siniestro de Adamuz, que eleva la cifra de víctimas a 46, vuelve a recordarnos la magnitud de esta tragedia y la fragilidad de nuestra respuesta ante accidentes de esta envergadura. Cada número es una vida, una familia destrozada, y no hay justificación que atenúe el dolor ni la alarma social que provoca este incremento de víctimas.
Que Óscar Puente diga que le piden la dimisión porque “hace muy bien su trabajo” suena a chiste de mal gusto cuando se pronuncia tras hablar de tragedias ferroviarias con decenas de víctimas. No es valentía política, es soberbia. Y la soberbia, cuando va acompañada de dolor ajeno, se convierte en cinismo.
El accidente ferroviario de Adamuz no fue un simple error ni un trágico accidente aislado: fue un desastre que costó la vida a 45 personas. Y ahora, ante la gravedad de los hechos, surge una pregunta que debería ser obvia para cualquiera: ¿cómo puede un ministro eludir su responsabilidad? Óscar Puente, al frente del Ministerio de Transportes, tiene mucho que explicar, y no se trata de excusas ni de declaraciones vacías. La justicia debe actuar, y rápido.
El Gobierno vuelve a demostrar, una vez más, que su compromiso con la justicia es más aparente que real. Ahora tramita una petición de indulto para García Ortiz, quien ya ha sido condenado, y lo hace sin ningún pudor. Lo sorprendente no es la medida en sí, sino la contundencia con la que se mantiene el respaldo al fiscal general, a pesar de que los hechos están claros y la sentencia firme.
Han pasado ocho días desde el trágico accidente ferroviario de Adamuz, con 45 personas fallecidas y decenas de heridos, y lo que seguimos escuchando son frases huecas. Que “caerá quien tenga que caer” suena solemne, pero no consuela ni repara. Menos aún cuando se dice desde un cargo que, precisamente, debería asumir algo más que palabras.
