El Gobierno vuelve a demostrar, una vez más, que su compromiso con la justicia es más aparente que real. Ahora tramita una petición de indulto para García Ortiz, quien ya ha sido condenado, y lo hace sin ningún pudor. Lo sorprendente no es la medida en sí, sino la contundencia con la que se mantiene el respaldo al fiscal general, a pesar de que los hechos están claros y la sentencia firme.
El Gobierno vuelve a demostrar, una vez más, que su compromiso con la justicia es más aparente que real. Ahora tramita una petición de indulto para García Ortiz, quien ya ha sido condenado, y lo hace sin ningún pudor. Lo sorprendente no es la medida en sí, sino la contundencia con la que se mantiene el respaldo al fiscal general, a pesar de que los hechos están claros y la sentencia firme.
Es increíble cómo se intenta normalizar lo que debería ser escandaloso. Defender lo indefendible y presentar este tipo de gestos como “gestión política” o “humanidad” resulta insultante para quienes confiamos en que la justicia sea imparcial y no un instrumento al servicio de unos pocos. Cada paso que da este Gobierno parece diseñado para recordarnos que ciertos cargos públicos están por encima de la ley.
El problema no es solo García Ortiz. Es el mensaje que se lanza al conjunto de la ciudadanía: que los condenados pueden aspirar a un trato especial si tienen influencia, y que los principios de justicia pueden ser manipulados a conveniencia. Esa desfachatez erosiona la confianza en las instituciones y convierte la justicia en una herramienta de poder.
Mientras tanto, quienes sufren las consecuencias de los delitos esperan, con razón, que la ley se cumpla de manera justa y equitativa. Lo que ocurre ahora es todo lo contrario: se refuerza la sensación de que el dinero, los contactos y la impunidad pesan más que la verdad y la ética. Y eso es inaceptable en cualquier democracia que se precie.
Si la justicia quiere seguir siendo creíble, el Gobierno debería replantearse estas decisiones y recordar que su responsabilidad es con los ciudadanos, no con los privilegiados. Indultar a García Ortiz no es solo un error, es una vergüenza que marca un precedente peligroso para el futuro de nuestra democracia.