Han pasado ocho días desde el trágico accidente ferroviario de Adamuz, con 45 personas fallecidas y decenas de heridos, y lo que seguimos escuchando son frases huecas. Que “caerá quien tenga que caer” suena solemne, pero no consuela ni repara. Menos aún cuando se dice desde un cargo que, precisamente, debería asumir algo más que palabras.
Han pasado ocho días desde el trágico accidente ferroviario de Adamuz, con 45 personas fallecidas y decenas de heridos, y lo que seguimos escuchando son frases huecas. Que “caerá quien tenga que caer” suena solemne, pero no consuela ni repara. Menos aún cuando se dice desde un cargo que, precisamente, debería asumir algo más que palabras.
El ministro Puente afirma que, si la responsabilidad es suya, caerá. El problema es que esa caída nunca llega. En política, esperar a que un juez señale con el dedo no siempre es suficiente. Hay una responsabilidad política que va más allá de lo penal, y esa se ejerce dando un paso al lado cuando la gestión falla de forma tan grave.
Y aquí no hablamos solo de un nombre propio. ADIF, como organismo responsable de la infraestructura, también debe rendir cuentas. Y, por extensión, el propio presidente del Gobierno, que nombra, respalda y mantiene a quienes dirigen áreas clave del Estado. Cuando el sistema falla, no basta con sacrificar a un técnico de turno.
Lo que resulta verdaderamente vergonzoso es la sensación de que nadie quiere asumir nada de verdad. Dimisiones no devuelven vidas, pero sí envían un mensaje claro de respeto a las víctimas y de compromiso con la responsabilidad pública. Sin eso, las palabras se quedan en ruido y la desconfianza sigue creciendo.