Las palabras de Gabriel Rufián sobre José Luis Rodríguez Zapatero han dejado una imagen bastante clara del nivel de deterioro político que vive España. Cuando un portavoz parlamentario resume un asunto tan grave diciendo “si esto es verdad, es una mierda; y si es mentira, es una mierda aún mayor”, lo que demuestra no es brillantez política, sino el agotamiento absoluto del discurso público.
Hay que tener muy poca vergüenza torera para dirigir la sanidad de Ceuta desde un despacho en la calle Alcalá de Madrid y luego sorprenderse de que aquí la gente esté harta. Porque mientras los ceutíes esperan meses para pruebas, especialistas o derivaciones, en la capital siguen vendiendo titulares, premios y sonrisas institucionales. La realidad, sin embargo, es otra: pacientes desesperados, profesionales quemados y una sensación constante de abandono.
Cada semana aparece un nuevo escándalo político y cada semana los ciudadanos sienten un poco más de vergüenza ajena. La decisión de la Audiencia Nacional de ordenar el bloqueo de hasta 490.780 euros de Zapatero y de otras cuentas relacionadas con la presunta trama de Plus Ultra vuelve a golpear la ya destrozada imagen de la clase política española. Y lo peor no es solo la noticia en sí, sino que ya casi nadie se sorprende. La corrupción, las imputaciones y las investigaciones judiciales se han convertido en paisaje habitual.
Delcy Rodríguez ha pasado de ser una figura secundaria del chavismo a convertirse en la mujer más poderosa de Venezuela. Y lo más sorprendente es que lo ha hecho tendiendo puentes con Donald Trump, algo que hace apenas unos años parecía imposible. Hoy, mientras medio mundo sigue anclado en discursos ideológicos del pasado, ambos parecen entenderse por puro interés político y económico.
El Gobierno vuelve a enfrentarse a otro episodio incómodo, esta vez por el caso Plus Ultra y las referencias judiciales que salpican al entorno político del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Desde Moncloa intentan rebajar la tensión asegurando que el auto es “serio”, aunque insisten en que no existen pruebas incriminatorias concluyentes. El problema es que la ciudadanía ya no escucha explicaciones con la misma paciencia de hace unos años.
