La estrategia de victimizarse porque se es “la esposa de” ya empieza a cansar a buena parte de la ciudadanía. En un Estado de derecho no se investiga a nadie por compartir cama, apellido o fotografía oficial con el presidente del Gobierno. Se investiga, o se debería investigar, cuando existen denuncias, indicios o hechos que un juez considera necesario aclarar. Y eso vale para cualquiera: para un ciudadano anónimo, para un empresario y también para la esposa de un presidente.
La lucha contra el fraude fiscal es necesaria, pero empieza a resultar difícil explicar por qué el foco parece dirigirse con tanta intensidad hacia quien saca dinero del cajero mientras las grandes fortunas continúan moviendo capitales mediante estructuras mucho más complejas y sofisticadas.
La economía española vuelve a demostrar que, por mucho que presumamos de recuperación, seguimos viviendo pendientes de lo que ocurra a miles de kilómetros. Basta con que suba la tensión en Irán para que tiemble el precio de la energía, se recalculen las previsiones de crecimiento y vuelva a encarecerse la vida cotidiana. La geopolítica ya no se estudia solo en las facultades; se siente en el supermercado y en la gasolinera.
La política española lleva tiempo caminando por una peligrosa frontera entre la justicia y el espectáculo. El llamado “Caso Aldama” vuelve a situar esa línea en el centro del debate, especialmente cuando las filtraciones, las amenazas veladas y los posibles pactos judiciales empiezan a ocupar más espacio que los hechos probados.
La política catalana lleva tiempo cambiando de tono, pero esta semana el giro ha quedado más claro que nunca. La propuesta de Junts de exigir diez años de empadronamiento para acceder prioritariamente a la vivienda protegida supone un paso más hacia un discurso que hasta hace poco parecía reservado exclusivamente a la ultraderecha identitaria.
