La lucha contra el fraude fiscal es necesaria, pero empieza a resultar difícil explicar por qué el foco parece dirigirse con tanta intensidad hacia quien saca dinero del cajero mientras las grandes fortunas continúan moviendo capitales mediante estructuras mucho más complejas y sofisticadas.
La lucha contra el fraude fiscal es necesaria, pero empieza a resultar difícil explicar por qué el foco parece dirigirse con tanta intensidad hacia quien saca dinero del cajero mientras las grandes fortunas continúan moviendo capitales mediante estructuras mucho más complejas y sofisticadas.
Las nuevas medidas de control sobre ingresos y retiradas de efectivo vuelven a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la digitalización avanza más rápido que buena parte de la sociedad. Para muchos mayores, el efectivo no es una sospecha de fraude, sino una costumbre, una forma de manejarse con seguridad y autonomía en su vida diaria.
El problema aparece cuando se mezcla modernización con imposición. Cada vez hay menos oficinas bancarias, menos atención personal y más trámites obligatoriamente digitales. Y ahora, además, muchos ciudadanos sienten que operar con dinero en metálico les convierte automáticamente en sospechosos ante Hacienda.
La tecnología debería facilitar la vida, no complicársela a quienes menos herramientas tienen para adaptarse. Combatir el fraude es legítimo, pero hacerlo generando miedo entre pensionistas y pequeños ahorradores transmite una sensación peligrosa: que controlar al ciudadano corriente es mucho más sencillo que perseguir las grandes ingenierías financieras.
