La estrategia de victimizarse porque se es “la esposa de” ya empieza a cansar a buena parte de la ciudadanía. En un Estado de derecho no se investiga a nadie por compartir cama, apellido o fotografía oficial con el presidente del Gobierno. Se investiga, o se debería investigar, cuando existen denuncias, indicios o hechos que un juez considera necesario aclarar. Y eso vale para cualquiera: para un ciudadano anónimo, para un empresario y también para la esposa de un presidente.
La estrategia de victimizarse porque se es “la esposa de” ya empieza a cansar a buena parte de la ciudadanía. En un Estado de derecho no se investiga a nadie por compartir cama, apellido o fotografía oficial con el presidente del Gobierno. Se investiga, o se debería investigar, cuando existen denuncias, indicios o hechos que un juez considera necesario aclarar. Y eso vale para cualquiera: para un ciudadano anónimo, para un empresario y también para la esposa de un presidente.
Begoña Gómez insiste en que el juez la señala por su vínculo con Pedro Sánchez, pero ese argumento puede sonar más a defensa política que jurídica. Porque si realmente no hay nada irregular, lo lógico sería colaborar con la Justicia y desmontar las sospechas en sede judicial, no alimentar el relato de persecución. La igualdad ante la ley implica precisamente eso: que nadie tenga un escudo especial por ocupar un lugar cercano al poder.
También resulta llamativo el empeño en cuestionar procedimientos como el jurado popular antes incluso de que se llegue al fondo del asunto. Pedir nulidades forma parte del derecho a defensa, por supuesto, pero convertir cada paso judicial en un supuesto ataque político contribuye a erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones. Y eso termina perjudicando tanto a la Justicia como a la propia política.
Lo verdaderamente peligroso sería lo contrario: que determinadas personas fueran intocables por su posición o por sus relaciones personales. Si existen pruebas, indicios o sospechas razonables, habrá que investigarlas hasta el final. Y si no existen, será la propia Justicia quien lo determine. Pero pretender instalar la idea de que cualquier investigación es ilegítima solo porque afecta al entorno del poder no fortalece la democracia; la debilita.
