Premio o castigo

La polémica vuelve a escena: el fiscal Anticorrupción abre la puerta a una posible rebaja de pena para Aldama por su colaboración con la Justicia. Y aquí es donde conviene parar un momento y pensar con calma. Si alguien aporta información relevante que ayuda a esclarecer tramas complejas, lo lógico en un Estado de derecho es que esa cooperación tenga consecuencias positivas. No es un capricho, es un incentivo clave para destapar redes que, de otro modo, seguirían ocultas.

Sin embargo, desde la nueva fiscal jefe parece que el asunto se mira con otro prisma, más emocional que jurídico. El malestar por las declaraciones de Aldama —que apuntan a lo más alto del poder político— no debería interferir en la aplicación de criterios legales. Porque una cosa es que sus palabras incomoden, y otra muy distinta es ignorar su colaboración. Mezclar ambas cosas no solo es peligroso, sino que da una imagen poco profesional de quien debería actuar con absoluta imparcialidad.

Aquí entra en juego también la figura del presidente Pedro Sánchez, mencionado en el foco de la polémica. Las acusaciones, por graves que sean, deben investigarse con rigor y sin juicios paralelos. Pero tampoco se puede desacreditar automáticamente a quien colabora con la Justicia solo porque sus declaraciones resulten incómodas políticamente. Si se quiere credibilidad institucional, hay que demostrarla en los hechos.

Lo coherente sería separar los planos: premiar la colaboración cuando corresponde y, si existen otros delitos o responsabilidades, juzgarlos en procesos independientes. Así funciona un sistema justo. Lo contrario suena más a ajuste de cuentas que a aplicación del derecho. Y eso, en un país que presume de garantías, debería preocupar bastante más de lo que parece.

Si la Justicia quiere que otros hablen, debe cumplir su parte del trato. Castigar al que colabora envía un mensaje claro… pero en la dirección equivocada.