¿Hasta cuándo?

El Gobierno vuelve a enfrentarse a otro episodio incómodo, esta vez por el caso Plus Ultra y las referencias judiciales que salpican al entorno político del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Desde Moncloa intentan rebajar la tensión asegurando que el auto es “serio”, aunque insisten en que no existen pruebas incriminatorias concluyentes. El problema es que la ciudadanía ya no escucha explicaciones con la misma paciencia de hace unos años.

Cada semana aparece una nueva polémica, una investigación, una grabación, una sospecha o una declaración que obliga al Ejecutivo a salir a defenderse. Y mientras tanto, el discurso oficial sigue siendo el mismo: la justicia exagera, la oposición manipula, la policía filtra y todo forma parte de una supuesta campaña contra el PSOE. Esa estrategia quizá funcione dentro del núcleo duro del partido, pero fuera empieza a sonar repetitiva y poco creíble.

La sensación de desgaste institucional es evidente. No se trata únicamente de si alguien será condenado o no; se trata de la imagen que proyecta un Gobierno constantemente rodeado de sospechas y obligado a justificar cada nuevo escándalo. Cuando un Ejecutivo dedica más tiempo a defenderse que a gobernar, el problema deja de ser judicial para convertirse en político.

Pedro Sánchez insiste en resistir, como ya ha hecho en otras ocasiones, convencido de que el tiempo acabará diluyendo las polémicas. Pero la pregunta empieza a crecer en la calle: ¿cuánto más puede aguantar una legislatura marcada por la tensión permanente? La democracia también necesita ejemplaridad, confianza y estabilidad institucional, no solo supervivencia parlamentaria.

Convocar elecciones no debería verse como una derrota, sino como una forma de devolver la voz a los ciudadanos cuando el clima político se deteriora hasta este punto. Porque cuando la desconfianza se convierte en rutina, el verdadero perjudicado no es un partido concreto, sino la credibilidad de todo el sistema político.